Según datos del informe Cultura Política de la Democracia en Bolivia del Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana (LAPOP), publicado en 2014, el 17,8 por ciento de los bolivianos considera que tiene derecho a hacer justicia por mano propia cuando se siente amenazado por la ola de crímenes que se presentan en el territorio y porque no tiene confianza en la Policía.

Mientras que el 55,4 por ciento declara que hacer justicia por mano propia no es una práctica legal, pero que se comprende que las personas recurran a ella. Solo 26,8 por ciento rechaza completamente esta práctica, reconociéndola como un delito.

“La expresión más extrema del temor y la búsqueda de protección es la administración de justicia por mano propia, es decir, ajusticiamientos y linchamientos”, detalle el informe.

En los últimos días, el caso que conmovió a la sociedad fue el linchamiento de un hombre con esquizofrenia, él caminaba en busca de su madre, ya fallecida, cuando los vecinos de la urbanización San Luis, del sector de San Roque de El Alto, creyeron que era un ladrón. Su muerte estuvo precedida por una tortura de siete horas.

La mayoría de casos de linchamiento en el país no se soluciona, cabe recordar que el único caso en el que ha habido sentencia es el que ocurrió en junio de 2004 cuando el alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, fue secuestrado por comunarios, torturado y quemado en la plaza central del pueblo. Los pobladores sindicaron de corrupto al alcalde y justificaron su delito señalando que habían aplicado "justicia indígena".

POR QUÉ OCURREN LOS LINCHAMIENTOS

Según el documento, la percepción de inseguridad es una medida subjetiva de temor al entorno inmediato de residencia. En 2014 se registraron los valores más altos de temor a ser víctima de delincuencia por lo que se desarrollan una hipersensibilidad que predispone a sentir temor donde antes no se sentía. El temor sería una posible causa de los linchamientos. 

Otro de los factores para que ocurra el ‘linchamiento en Bolivia’ es la falta de confianza en los efectivos policiales; mientras se dé mayor confianza en la policía, menor será la sensación de inseguridad; mientras mejor el desempeño de esta institución a los ojos de los ciudadanos, mayor seguridad. Situación que a veces no ocurre y los ciudadanos se ven obligados a recurrir al patrullaje y vigilancia vecinal, generando actitudes hostiles hacia personas desconocidas que pueden dar paso al linchamiento.

“Contratan servicios privados de vigilancia y cámaras privadas para vigilar a todas las personas que circulan por las vías públicas”, se lee en el documento.

PAÍSES QUE APRUEBAN LA JUSTICIA POR MANO PROPIA

Según el Barómetro de las Américas 2014 de LAPOP que realizó encuestas en 25 países del continente con el fin de determinar en cuáles de ellos la población aprueba el linchamiento de ciudadanos sin la intervención de las autoridades. Según la investigación, República Dominicana es el país en el que más personas aprueban la aplicación de este crimen: un 42,8 por ciento de la población lo acepta. El segundo país de la lista es Paraguay, con un 42,3 por ciento, y les siguen Perú (40,6), Honduras (39,6), El Salvador (38,2) Ecuador (37,7), Bolivia (37,2), Estados Unidos (36,3), Jamaica (36,3) y Haití (35).

En el lado opuesto, es decir, entre los países que menos aprueban este tipo de delito se encuentra Trinidad y Tobago, con 19,2 puntos, Brasil (23,5), Guyana (25,1), Panamá (25,1), Chile (25,4), Uruguay (25,9), Venezuela (26,7), Argentina (27,7), Colombia (29) y Costa Rica (30,1).