Con la reconquista de la democracia en 1982 soplaron   vientos de cambio que permitieron que la selección y elección de los magistrados de la entonces Corte Suprema de Justicia se produzca de acuerdo a los parámetros señalados en la Constitución Política del Estado, activándose las facultades  del Congreso de la República.

Inaugurada la democracia pactada imperó el cuoteo entre los partidos del sistema en la designación de las máximas autoridades judiciales, por lo que los magistrados que en la dictadura  le debían el favor al dictador, en el sistema recién instalado el depositario del agradecimiento era el partido político o más bien algunos dirigentes  del partido que al favorecer a sus allegados  les permitía obtener contraprestaciones  expresadas en fallos judiciales amañados.

Esta práctica obligó a buscar nuevas formas de selección y elección de magistrados hasta que se vislumbró la fórmula de la meritocracia que trataba de reemplazar el favor político por el mérito de los aspirantes. 

Las reformas constitucionales de 1994 fueron saludables  se crearon y constitucionalizaron  instituciones como el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo que le dio a la democracia  una imagen diferente y esperanzadora.

El Instituto de la Judicatura de la ciudad de Sucre jugó, en un primer momento, un papel de significación en la implementación desde abajo de la meritocracia en el Poder Judicial, con la formación de jueces que egresados de esa institución prestaban  sus servicios al margen del favor partidario.

Con el nuevo texto constitucional la ingeniería constitucional  definió un sistema novedoso a la vez que disparatado de elección de magistrados. Recurrió al voto popular, sus promotores afirmaban con orgullo que era una forma novedosa,  democrática y única, evitaba el cuoteo y la intermediación partidaria.

En efecto fue tan novedosa no por imaginativa sino por irresponsable, desfiguró el valor del voto configurando un electoralismo  que vinculaba a los candidatos a movimientos sociales que imponían  sus condicionamientos al elegido, desde la asignación de puestos de trabajo hasta la emisión de fallos  en relación directa a los intereses de sus mandatarios. 

De ahí que el nuevo mecanismo   de selección y elección de magistrados en lugar de mejorar y superar las taras del pasado terminó por desmoronar las endebles estructuras del órgano judicial.

Conformado  el Órgano Judicial actual  se reinstalaron   vergonzantes acciones extorsivas a los litigantes,  abusivas  influencias de clanes o roscas vinculadas al poder,  consorcios de abogados, jueces y fiscales que destrozaron toda credibilidad  de la justicia, entronizando una desvergonzada  cleptocracia que institucionalizó la impunidad

Aquellos yerros y prácticas delincuenciales del pasado se han amplificado en la actualidad, no solo dentro del  órgano judicial, sino, esto es grave, en todo el estado y en la propia sociedad civil, con una  ciudadanía cada vez más tolerante y acrítica, sea por miedo,  comodidad, ignorancia o cansancio.

Pretender abordar el tema de la justicia  únicamente  en cumbres cupulares es insuficiente. Todo indica que la Constitución Política del Estado es una coladera de la que emergen incoherencias insostenibles  que no serán resueltas entre los actores del desastre

Sucre, 30 de marzo de 2016