El Alto, 22 de febrero (Oxígeno).- Los funcionarios municipales de El Alto Dorian Ulloa y Marcelo Plata, fueron imputados hoy debido a los hechos de violencia que se registraron el miércoles.  Ambos anunciaron que demandarán al viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, por las calumnias con las que la autoridad gubernamental los inculpó por la muerte de seis personas.

El miércoles, una marcha de padres de familia que llegó hasta el edificio edil de El Alto culminó con la quema de la infraestructura y el fallecimiento por intoxicación de seis servidores públicos que se encontraban cumpliendo sus labores.

De acuerdo a un comunicado, la Alcaldía de El Alto informó que pese a que el disturbio se extendió por más de dos horas sin la intervención de la Policía, Marcelo Elio aseguró que se trataba de un auto atentado y responsabilizó de los hechos a Ulloa, presuntamente por no despegar a la Guardia Municipal y a Plata, que – a su juicio – impidió la evacuación de los ambientes.

El Ministerio de Gobierno informó mediante su cuenta en Twitter lo siguiente: “Último. Funcionarios Alcaldía El Alto, Cap (r) Dorian Ulloa y Marcelo Plata detenidos e imputados por hechos que causaron seis muertes (SIC)”.

Por la mañana, Dorian Ulloa y Marcelo Plata se presentaron voluntariamente en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto para prestar sus declaraciones informativas sobre los sucesos del miércoles.

Ambas declaraciones fueron tomadas en simultáneo y en distintas oficinas, sin embargo, efectivos policiales determinaron la detención preventiva de ambos funcionarios ediles por las supuestas contradicciones halladas.

“Vamos a apelar esa decisión porque al parecer se está actuando son conocer las normativas ediles. Como secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Dorian Ulloa tiene la responsabilidad de generar políticas de seguridad, no de intervención en estos conflictos”, explicó el abogado de Ulloa, Gerard Quisbert.

Además, el jurista señaló que no podrían existir contradicciones ya que las funciones que desarrollan ambos funcionarios son distintas, además, no se encontraban en el mismo lugar.

“Tenemos todos los materiales para demostrar la inocencia, nos vamos a basar en las normativas legales nacionales y municipales, que las autoridades judiciales deben conocer para determinar que no ha habido incumplimiento de deberes, es decir esa comisión por omisión de las que se los acusa”, puntualizó la defensa de Ulloa. 

“La prensa ha logrado reflejar la situación, yo he sido el primer funcionario que ha llegado al lugar para prestar ayuda, no estuve dentro del edificio porque mi oficina queda a una cuadra, donde también estábamos encerrados por un grupo de manifestantes que se apostaron en la puerta”, aseguró Ulloa.

De acuerdo con el funcionario edil, se tomaron medidas de precaución con el despliegue de la Guardia Municipal al interior de las oficinas, ya que en pasadas movilizaciones el resguardo exterior era considerado como una provocación para los manifestantes.

“La Guardia Municipal no cuenta con equipamiento antimotines, la seguridad pública está a cargo de la Policía Boliviana, que, como han podido escuchar, ni los policías han podido prever esa situación”, argumentó Ulloa.

Fran Campero, abogado de Marcelo Plata, aseguró que la acción penal fue entablada para que el viceministro demuestre con pruebas confiables sus denuncias.

“Supuestamente hay una grabación de audio cuando mi cliente prohibía la salida de los funcionarios, pero no existe una declaración testifical con la que se señale que el señor Marcelo, en su calidad de director haya incurrido en el mismo”, dijo el jurista.

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