La Paz, 06 de febrero (Oxígeno).- La empresa China CAMC pidió la investigación de todos los acuerdos legales que tiene con el Estado ante la denuncia hecha por el periodista Carlos Valverde, quien acusó a la gerente comercial, Gabriela Zapata, de estar vinculada con un caso de tráfico de influencias.

El miércoles por la noche, Valverde dijo que Zapata, expareja del presidente Evo Morales, fue favorecida con contratos millonarios con el Estado debido a que trabaja en dicha empresa, la segunda más grande de China.

Fernando Cortez, asesor jurídico de CAMC, negó las acusaciones hechas por el periodista cruceño y lo retó a  probar sus denuncias. Sostuvo que como empresa procesarán a Valverde por sus denuncias.

“Nos parece una vil calumnia, tratar de vincular a una funcionaria contratada por la empresa y pretender vincularla con contratos con el Estado, cuando en primer lugar no es función de la doctora Zapata, porque ella no participa en los procesos de licitación2, aseguró el abogado en entrevista con el programa Que No Me Pierda  la noche del viernes.

Zapata

Gabriela Zapata fue contratada por la empresa china el 2013 para el cargo de gerente comercial. El asesor jurídico explicó que ella logró el puesto porque ganó una convocatoria interna.

“Luego de valorar varias postulaciones, la empresa a ha convenido en que es el currículum  más acertado y apto para la gerencia comercial”, dijo Cortez.

Explicó que la abogada destacó entre todos los postulantes, sobre todo, por su experiencia en el área comercial como legal.

Los contratos

La noche del jueves, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, explicó que el Estado suscribió siete contratos por un valor de 566 millones de dólares en distintas áreas.

Dijo que entre esos siete contratos uno de 164 millones de dólares, referido a la construcción de un tramo del ferrocarril Bulo Bulo – Monterno, fue incumplido por la empresa, por lo que el Gobierno activó un proceso penal y ejecutó la boleta de garantía equivalente a Bs 50.551.940.

La China CAMC se adjudicó parte del ingenio azucarero de San Buenaventura cuyo costo es 263 millones de dólares. Asimismo, cuenta con tres contratos en el proyecto sobre sistemas de comunicación para la distribución de energía eléctrica, un vertedero e instrumentos de medición. Esos tres contratos hacen un monto de 58 millones de dólares.  El proyecto Misicuni en total tiene un costo de 335 millones de dólares.

El abogado Cortez aseguró que la denuncia de Valverde tiene la intencionalidad de perjudicar a la empresa. Fue consultado sobre si la empresa está dispuesta a una investigación como pidieron en anteriores días representantes de la oposición.

“No solamente estamos abiertos, sino que pedimos al Estado boliviano de que se nos investigue cada uno de los proyectos cómo se han presentado, que se nos revise la documentación y la capacidad técnica que ha dejado China CAMC en estos proyectos”, dijo.

El proceso

Fernando Cortez indicó que Valverde debe demostrar con pruebas fehacientes para demostrar con nombres y apellidos quiénes están involucrados en el presunto caso del tráfico de influencias.

“Vamos a interponer acciones legales contra el periodista Valverde que hizo esas afirmaciones y dijo públicamente  que él es responsable de lo que dice. Entonces, todo lo que se alega en derecho se debe probar”, aseveró el abogado.