La Paz, 4 de febrero (Oxígeno).- Luego de la polémica desatada por la denuncia del periodista Carlos Valverde sobre la relación del presidente Evo Morales y la empresaria Gabriela Zapata Montaño y un presunto caso de tráfico de influencias, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, salió al frente  la noche de este jueves para decir que las acusaciones son parte de una “rabiosa casería política” de la oposición.

La autoridad gubernamental, en una conferencia que duró al menos 25 minutos, sostuvo que la denuncia responde a una  sistemática campaña de difamación que busca desprestigiar la imagen gubernamental.

El miércoles, Valverde no sólo se limitó a denunciar el presunto hecho de corrupción, sino a afirmar que Zapata es madre de un hijo de Morales y que la aludida “maneja los más grandes negocios del Gobierno”.

El ministro admitió que Zapata “fue efectivamente expareja del presidente Evo el año 2007”, aunque aclaró que en la actualidad el mandatario no tiene ningún tipo de relación desde aquella gestión.

Gabriela Zapata

Zapata es empresaria, ejecutiva responsable del área comercial de CAMC, la segunda empresa más grande de China, la cual suscribió siete contratos con el Estado por un valor de 566 millones de dólares en distintas áreas.

Tras la polémica, la expareja de Morales convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa por la tarde del jueves. La rueda de prensa estaba programada para las 17.00 en instalaciones del hotel Presidente, ubicado a unas cuadras de la Plaza Murillo, el centro político del país.

Sin embargo, pese a la convocatoria a los medios la conferencia fue suspendida, lo que provocó molestia en los periodistas que esperaron por horas fuera del hotel que contaba con un fuerte control de seguridad.

Sobre el tráfico de influencias

Horas después de suspenderse la conferencia de Zapata, Quintana negó la existencia de tráfico de influencias como lo denunció Valverde el miércoles por la noche.

Aseguró que la empresaria no tiene  ningún tipo de vínculo con el Gobierno nacional, por lo tanto  que rechazó las denuncias en ese sentido. “El Gobierno no tiene ningún negocio ni con personas ni con empresas extranjeras, lo que existen son contratos”, dijo.

“Si hubiera alguna influencia del presidente Evo para facilitar la contratación de esta ciudadana en la empresa china, con toda seguridad diríamos que es tráfico de influencias, pero rechazamos categóricamente que el presidente Evo haya influido en esta contratación. De hecho, el presidente Evo no ha tenido ningún tipo de relación desde el año 2007 y la señora ha sido contratada el 2013 y hay contratos del 2011”, explicó.

Los contratos

Quintana aprovechó la conferencia para detallar cuáles son los contratos millonarios por los cuales Zapata fue acusada de tráfico de influencias. Informó que CAMC se adjudicó parte del ingenio azucarero de San Buenaventura cuyo costo es 263 millones de dólares.

También se adjudicó un tramo del ferrocarril Montero -  Bulo Bulo  por 164 millones  de dólares ya que el tramo completo tiene un valor de 231 millones. Asimismo, Quintana dijo que la CAMC cuenta con tres contratos con el proyecto Misicuni sobre sistemas de comunicación para la distribución de energía eléctrica, un vertedero e instrumentos de medición. Esos tres contratos hacen un monto de 58 millones de dólares. El proyecto de Misicuni tiene un costo de 335 millones de dólares.

De todos esos acuerdos, el ministro sostuvo que rescindió el contrato de la construcción de un tramo ferroviario Bulo Bulo – Montero por el delito de delito de incumplimiento de contrato.

“Rescindió el boleta de garantía de Bs 50.551.940, equivalente al 7% del monto total del contrato. El Ministerio de Obras Públicas rescindió el contrato y ejecutó la boleta de garantía y le ha iniciado un proceso penal por daños y perjuicios”, aclaró