La Paz, 15 de junio (Oxígeno).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena,  demandó a las instituciones del Estado y la sociedad generar una cultura de respeto para disminuir la violencia y maltrato hacia las personas de la tercera edad.. “El maltrato y la violencia que ejercemos contra las y los adultos mayores se fortalece por un modelo basado en el culto por la juventud y el hedonismo que menosprecia los valores de la ancianidad y les niega el derecho a ser partícipes, actores y constructores de la sociedad", declaró Villena este domingo.

"Esta violencia se expresa en conductas cotidianas como la invisibilización, la discriminación, el abuso y la negación de sus derechos y está ocurriendo tanto en las ciudades como en muchas comunidades campesinas donde se los considera una carga o muchas veces se los trata como personas sin valor sin considerar que las personas adultas mayores pueden aportar con su experiencia, su sabiduría y sus conocimientos más allá de lo que se puede aprender en las escuelas y las universidades”, afirmó Villena.

El Defensor informó que las denuncias sobre la vulneración de sus derechos, atendidas en la institución, aumentaron durante 2013 respecto a una gestión anterior, lo cual preocupa pues pareciera que la violencia física, sicológica, el abandono, el aislamiento y el despojo entre otros tipos de maltrato de los que son víctimas,  es visto como algo natural.

Recordó además que no obstante que la Constitución Política del Estado garantiza  una vejez digna, con calidad y calidez humana y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación contra estas personas, no existen avances que muestren que la situación que enfrentan haya cambiado, por el contrario, sus derechos continúan siendo afectados.  “Y lo más dramático es que estos derechos son vulnerados en la mayoría de los casos, por la propia sociedad y aún la familia que deberían ser los espacios donde se encuentren más seguras y seguros, ya que es con su trabajo, su aporte y su esfuerzo que se ha construido la sociedad que disfrutamos, la democracia que nos protege y los derechos que ejercemos”, indicó.

En las oficinas defensoriales en todo el país, en la gestión 2013 se recibieron 3.243 denuncias referidas a vulneración de derechos de las personas adultas mayores relacionadas principalmente a maltrato físico, sicológico, despojo de bienes, abandono, marginalidad, discriminación en razón de edad, falta de acceso a la justicia entre otros. De estas 1.319 corresponden a vulneración de sus derechos por su condición de personas adultas mayores. En 2012 los registros sumaron 2.400, de estas 1.101 denuncias corresponden a maltrato por su condición de adultas y adultos mayores.

Trabajo defensorial

La autoridad defensorial informó que hasta diciembre de 2013, la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la organización HelpAge, promovió la implementación de 30 Centros de Atención Socio Legal para las Personas Adultas Mayores (COSLAM), 29 de los cuales se encuentran en municipios de los nueve departamentos del país y uno en la gobernación de Tarija.  Estos Centros priorizan acciones como la protección, defensa y el respeto a los derechos de los adultos mayores.

En el marco del cumplimiento de implementación, sostenibilidad y fortalecimiento de los COSLAM, se ha logrado que 16 municipios asignen presupuesto y recursos humanos para la continuidad en su funcionamiento.

La importancia de estos centros es fundamental ya que representa para las personas adultas mayores, un espacio de acciones jurídicas, sociales y psicológicas dirigidas a la defensa de sus derechos.  Creados con el fin de defender los derechos de las personas adultas mayores e impulsar una cultura de envejecimiento digno, gestionan y atienden problemas como la falta o daño de certificados de nacimiento, cédulas de identidad, observaciones en sus documentos para el cobro de la renta dignidad; maltrato, abandono, despojo de bienes y abuso de autoridades de organizaciones sindicales; apoyo y orientación en el cumplimiento de derechos para mejorar las condiciones de vida en la familia, la comunidad y la sociedad en general; y orientación legal referida a solucionar litigios, demandas y denuncias que se dan en el ámbito legal.