La Paz, 03 de enero (Oxígeno).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, señaló que este año, el mayor desafío para los derechos humanos en Bolivia es el cumplimiento y respeto de los derechos políticos y civiles, referidos a la construcción de una institucionalidad democrática basada en el respeto a la Constitución y las leyes, la garantía del acceso universal a una justicia oportuna, igualitaria y eficiente, la erradicación de la violencia contra las mujeres y la priorización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En un comunicado público, la autoridad afirmó que “las decisiones políticas que se asuman en la gestión 2016 en el ámbito de los derechos humanos, resultarán fundamentales para garantizar su respeto y vigencia o para profundizar su incumplimiento y vulneración, no sólo en la gestión presente sino en la próxima década”. 

Al respecto, remarcó,  en la gestión 2016 debería llevarse a cabo la Cumbre de Justicia, implementarse la Política Plurinacional de Derechos Humanos, presentarse el Informe del Estado sobre la Convención de los Derechos del Niño y el Tribunal Constitucional debería pronunciarse respecto a la acción de inconstitucionalidad contra decretos que afectan a los territorios indígenas y el derecho a la consulta previa.

El Defensor considera que existe un debilitamiento de las instituciones, “debido al desmedido afán de control de parte del Órgano Ejecutivo y a un sistemático crecimiento de la corrupción que ha permeado a una parte de la  institucionalidad de manera incontrolable”.  Además, afirma que las dirigencias de las organizaciones sociales han abandonado toda forma de lucha por los derechos de los sectores a los que representan, tornándose contradictoriamente en brazos operativos del partido que ejerce el poder.

La vigencia de la Defensoría del Pueblo

De acuerdo al comunicado, en este año será fundamental “la decisión que tome el gobierno respecto a la vigencia institucional de la Defensoría del Pueblo, lo que deberá reflejarse en la elección del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo y la aprobación de la nueva Ley de la entidad, ya que la gestión actual finaliza su mandato en mayo de 2016”.

Al respecto, Villena considera que la Defensoría del Pueblo debe sostener por encima de todo, una clara independencia y autonomía de gestión respecto al poder político del gobierno o de cualquier otro tipo de instancia, grupo o interés.  “Esta independencia debe corresponder a la elección de una autoridad que, además de no tener dependencia ni responder a quienes detentan el poder, debe tener una trayectoria reconocida de defensa y promoción de los derechos humanos”, afirmó.