La Paz, 23 de diciembre (Oxígeno).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió tres cartas de amonestación por incumplir el Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral en Referendo al gobernador de La Paz, Felix Patzi; a la ministra de Comunicación, Marianela Paco; y al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros, en la que exige el retiro inmediato de los materiales observados.

De acuerdo al TSE, que realiza un monitoreo mediante el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), la amonestación contra el Gobierno Departamental de La Paz y el Ministerio de Comunicación se debió al uso de sus cuentas institucionales en Twitter para efectos de campaña.

El Artículo 36 referido a la prohibición de campaña para entidades públicas del Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral en Referendo establece:  “Las entidades públicas del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas no podrán hacer uso de sus páginas web y sus redes sociales digitales oficiales, dependientes o de subdominio, para la difusión de propaganda electoral durante todo el periodo electoral”.

En el caso del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, se le amonestó, informa el TSE en  un comunicado de prensa, por la difusión pública de un banner que incluye el “SÍ”, lo que infringe el Artículo 25 (USO DEL “SÍ” Y DEL “NO”)  del Reglamento que indica: “Ninguna entidad pública o empresa estatal, o con participación del Estado, podrá difundir mensajes pagados en medios de comunicación masiva, medios en espacios públicos ni medios digitales, en los que se induzca al voto utilizando frases, imágenes, símbolos o cualquier otro elemento gráfico, sonoro o audiovisual, que haga referencia al ‘SÍ’ o al ‘NO’, u otras opciones sometidas a consulta en referendos temáticos, durante todo el periodo electoral”.  

El Tribunal Supremo Electoral advirtió que en caso de no proceder al retiro inmediato de los materiales observados o de reincidir en esta falta, se elevará informe a la Contraloría General del Estado para que establezca las responsabilidades correspondientes en cumplimiento a la Ley del Régimen Electoral.

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