El Alto, 09 de septiembre (Oxígeno).- El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto emitirá certificados de inamovilidad de los puestos de venta a filiados a las asociaciones de comerciantes y que tengan patentes, tal como lo estipula la Ley Municipal 291, informó la alcaldesa Soledad Chapetón.

“Hemos escuchado muchas mentiras sobre la nueva normativa, por eso, junto a la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, se van a legalizar todas las ordenanzas municipales referidas al sector gremial para entregar esta certificación a los puestos de venta que tengan legalidad”, dijo la burgomaestre en conferencia de prensa.

El título de inamovilidad será otorgado de forma gratuita por la Unidad de Ferias de la Alcaldía a las 341 organizaciones gremiales asociaciones que cuenten con la documentación necesaria de sus afiliados.

Agregó que los puestos comerciales autorizados serán respetados con sus respectivas categorizaciones, que establecen el pago de patentes de 20, 13 y 6 bolivianos, de acuerdo a su ubicación en la urbe. Sin embargo, advirtió que habrá sanciones pecuniarias a los gremiales que no paguen las patentes.

Ante el pedido de diálogo del dirigente Braulio Rocha, la burgomaestre dijo que mientras no exista un respeto hacia su autoridad esa posibilidad no es viable.

Reiteró que la aprobación del pago directo de los impuestos de los gremiales a la Alcaldía, sin la intermediación de la federación, fue una demanda de los gremiales de base. “Esta ley responde a las solicitudes del sector gremial que ha pedido que estos trámites se hagan sin amedrentamientos”, aseguró.

Ley 291 de pago directo de patentes

La normativa promulgada el 31 de agosto anula un convenio firmado hace 10 años entre el municipio y la dirigencia gremial, facultaba la administración del 50 %  de las recaudaciones a la directiva del gremio, encabezada desde ese entonces por Braulio Rocha, vulnerando Constitución Política del Estado

Asimismo, la nueva normativa edil autoriza a las asociaciones gremiales el pago de patentes de manera directa, sin el aval de sus dirigentes, para que esos recursos cubran el seguro de salud al que serán afiliados los contribuyentes.

La medida es apoyada por un sector mayoritario de comerciantes que exige la rendición de cuentas a la gestión de Braulio Rocha al frente de la Federación de Gremiales, que durante 15 años no habría aclarado el destino de al menos 9 millones de bolivianos.