La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que repudia y condena la detención del agente de la Gendarmería Nacional Argentina Nahuel Gallo, en Venezuela. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de Nahuel Agustín Gallo, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela.

”El caso del gendarme Gallo constituye un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La detención arbitraria de Gallo es una clara violación de normas internacionales y de los principios fundamentales de humanidad y justicia que todos los Estados deben respetar. La incomunicación y la negación de asistencia consular y legal representan una violación directa de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Estos hechos son una prueba más de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte del régimen venezolano“, dice el comunicado de la OEA.

La Secretaría General de la OEA también exige que Venezuela cumpla con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos y relaciones internacionales; que certifique y garantice su seguridad física; que provea garantías de asistencia legal y contacto con su familia; y que libere inmediatamente a Nahuel Gallo.

Medidas cautelares

La CIDH tomó en consideración que, desde el 8 de diciembre de 2024, Nahuel Gallo estaría privado de la libertad por agentes del Estado de Venezuela, y hasta la fecha su paradero es desconocido.

“Si bien, la Comisión advierte que altos funcionarios estatales habrían declarado que el propuesto beneficiario está detenido, las autoridades no han precisado información sobre su situación jurídica. Por ejemplo: el tipo penal por el que estaría siendo investigado, el tribunal competente que conocería la causa, el número del expediente penal, la existencia de órdenes de detención, si recibió atención médica necesaria, y el lugar exacto en el que se encontraría”, dice el comunicado de la CIDH.

El caso

Nahuel Gallo es Cabo Primero de la Gendarmería Nacional en Argentina, y fue detenido el 8 de diciembre de 2024, en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Ureña, Venezuela. Él pretendía ingresar a dicho país para visitar a su esposa venezolana e hijo de 2 años, con los trámites en regla, pasaporte vigente y un pasaje de ida y vuelta. Durante su permanencia en Venezuela planeaba alojarse en la residencia de su pareja.

El 8 de diciembre, tras una revisión de documentos a las 8:40 a.m., las autoridades venezolanas lo apartaron para una "entrevista", le quitaron el teléfono y lo dejaron incomunicado. A las 10:57 a.m., el beneficiario logró llamar a su esposa desde el teléfono de un taxista que lo había transportado anteriormente, informándole que lo estaban llevando a una segunda "entrevista". El taxista informó luego que el traslado fue realizado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), identificados por las siglas en el vehículo.

Desde el día de su detención, sus abogados y familiares no han recibido información sobre el proceso en su contra, ni sobre sus condiciones de encierro.

El ministro de Interior del gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, desestimó la versión argentina de que Gallo viajaba para visitar a su familia, y lo acusó de ser parte de un “plan terrorista” contra Venezuela con la participación de “mercenarios extranjeros”.

Este jueves, Argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la detención del gendarme y pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adopte medidas cautelares ante este caso.

Horas después de la denuncia, el gobierno venezolano presentó las primeras imágenes del gendarme argentino detenido. En un video sin fecha de filmación, se lo ve en el  patio de una prisión y con una vestimenta color celeste.