El Gobierno de Javier Milei anunció este martes que habilitará a las universidades y hospitales públicos a cobrar aranceles a extranjeros no residentes que asistan a las instituciones educativas o sanitarias y que ampliará el listado de delitos causales de deportación.

“Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”, afirmó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El portavoz argumentó, a modo de ejemplo, que “uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”, una cifra que difiere con los últimos datos del Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación, que indica que la cifra no es del 33,3 % sino del 22,5 % y que muestra además que, en 2022, los estudiantes extranjeros representaban el 4,53 % del total de los alumnos de universidades públicas.

“Vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país”, anunció además Adorni.

Esta medida ya la habían tomado las provincias de Salta y Jujuy (norte) que limitan con Bolivia y Paraguay, y las provincias de Santa Cruz (sur) y Mendoza (noroeste), que comparten frontera con Chile.

El portavoz destacó el caso de Salta, donde la cantidad de extranjeros que recibieron atención médica tras implementarse el cobro se redujo en más de un 95 %, algo que, dijo, “generó un ahorro de 60 millones de pesos (unos 58.000 dólares), que implica una mejor atención para los ciudadanos residentes del país”.

Por último, el vocero explicó que en la reforma migratoria que planean impulsar está prevista además la incorporación de más delitos como justificativos para expulsar inmigrantes de Argentina.

“Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia o si se lo detiene por violentar el sistema democrático será expulsado y se le prohibirá su regreso al país. También se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país”, concluyó el vocero.

// Agencias