En un nuevo capítulo de la “rivalidad” entre los presidentes de Argentina y Venezuela, Javier Milei y Nicolás Maduro, respectivamente, ambos países cruzaron órdenes de detención en contra del mandatario del otro país. Ambas solicitudes, incluso, llegaron a la Interpol.

Venezuela pide detener a Milei

La Fiscalía General de Venezuela dijo el martes que pidió a Interpol la captura del presidente de Argentina, Javier Milei, por siete delitos, entre robo y legitimación de capitales.

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo en una declaración transmitida por la televisora estatal que la solicitud fue formulada el lunes 23.

El caso que motivó la investigación de la Fiscalía venezolana se originó en el decomiso de un avión venezolano retenido en Buenos Aires en junio de 2022 y luego enviado a Estados Unidos.

"Quiero mostrar la solicitud formalmente hecha, realizada por este Ministerio Público el día 23 de septiembre del año 2024. Ya la solicitud ha sido remitida, esperemos a ver como va actuar Interpol", dijo Saab.

Milei, fuerte crítico y rival ideológico de Maduro, fue vinculado al "robo" de un avión de carga venezolano confiscado en Argentina y entregado a Estados Unidos en febrero pasado.

Además del propio Milei, también están acusadas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la secretaria general de la presidencia y hermana de Milei, Karina Milei.

El presidente argentino y sus ministros fueron acusados por la justicia venezolana de "robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil y utilización de aeronaves y asociación".

La aeronave —vendida a Venezuela por la sancionada compañía aérea iraní Mahan Air— fue retenida en Buenos Aires desde junio de 2022 por una orden judicial durante el gobierno del izquierdista Alberto Fernández.

A su tripulación de 14 venezolanos y cinco iraníes se les prohibió la salida de Argentina hasta octubre de 2022.

Argentina también ordenó detener a Nicolás Maduro

El lunes, la Cámara Federal de Buenos Aires decidió el arresto del mandatario venezolano, con alerta roja de Interpol, bajo el principio de jurisdicción universal.

La justicia argentina emitió la solicitud de captura a la Interpol para que sean emitidas alertas rojas en contra del mandatario izquierdista y otros 30 funcionarios, entre ellos el ministro de Interior y considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

"Venezuela repudia la írrita decisión de una instancia del desprestigiado poder judicial argentino", señaló el ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en un comunicado.

Apuntó que el fallo "carece de fundamentos de competencia y violenta la jurisdicción de los Estados y las inmunidades y privilegios que gozan los presidentes y altos funcionarios".

La orden contra Maduro y funcionarios de su gobierno fue solicitada por oenegés y fiscales federales argentinos como parte de una causa por crímenes de lesa humanidad.

La corte determinó la existencia de "un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado —cuanto menos–- desde el año 2014 hasta el presente".

El gobierno venezolano criticó la "ridícula decisión", que "busca apuntalar la progresiva destrucción del Estado de Derecho Internacional, pretendiendo subrogarse en las competencias de los organismos multilaterales, disminuyendo su papel".

Saab destacó en una rueda de prensa el martes que desde 2017 fueron imputados en el país más de 2,500 funcionarios de seguridad por "vulneraciones a los derechos humanos", con 581 condenas.

"No tenemos doble moral", insistió. "Investigamos las violaciones de derechos humanos que ocurren en nuestro país como un asunto de Estado".

"Se comprobó que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado –cuanto menos– desde el año 2014 hasta el presente", dice un fragmento del fallo, difundido por el diario La Nación