La presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, fue citada el viernes por la Fiscalía por los fallecidos a causa de la represión policial a las protestas que exigen su dimisión.

La solicitud del Ministerio Público se encuentra enmarcada en investigación abierta contra el Gobierno peruano por la supuesta comisión de delitos de genocidio y homicidio calificado.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) informó a través de un comunicado que la presidenta designada de Perú deberá acudir el próximo 7 de marzo a la sede del Ministerio Público para ser consultada por los muertos a causa de la represión en las ciudades de Ayacucho y Puno, así como en otras regiones del sur de Perú.

De acuerdo al abogado de IDL Carlos Rivera, Dina Boluarte tiene que acudir a la sede de la Fiscalía en la capital peruana porque tiene condición de investigada. De esta manera, ya no podrá optar por la conexión remota, como hizo el 30 de enero y 23 de febrero.

Representantes de IDL indicaron que si la presidenta Dina Boluarte rechaza a responder las preguntas de la Fiscalía podría ser considerado "como un rechazo" o incluso como inasistencia a la citación.

Desde el pasado 7 de diciembre se han llevado a cabo movilizaciones en varias ciudades y regiones de Perú, para exigir la dimisión de Dina Boluarte, la disolución del Congreso y el adelantamiento de elecciones generales.