El pleno del Congreso de Perú aprobó este viernes el informe final de una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra el expresidente Pedro Castillo por presunta corrupción durante su Gobierno (2021-2022).

Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, la medida fue aprobada. Ahora lo que sigue es que la denuncia volverá a la Fiscalía para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial.

El debate parlamentario arrancó poco después de las 10 a. m. y se extendió durante más de tres horas.

El informe propone acusar a Castillo de supuestamente liderar una organización criminal para obtener beneficios ilícitos de licitaciones fraudulentas de obras públicas.

La denuncia acusa al exmandatario, quien cumple prisión preventiva por su fallido intento de cerrar el Congreso en su corta gestión, de la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.

El informe también recomienda que Juan Silva y Geiner Alvarado, como exministros de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respectivamente, sean acusados por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.

La acusación contra Silva y Alvarado será decidida en una votación aparte.

Al inicio de la sesión parlamentaria, el presidente del Congreso, José Williams, invitó a los tres acusados y sus abogados a ingresar a la plataforma digital para ejercer su derecho a defensa.

Los antecedentes

La denuncia necesitaba de la votación favorable de la mitad más uno del número de diputados que integran la cámara peruana (130), sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente, que la semana pasada aprobó el informe sobre la denuncia constitucional presentada en noviembre pasado por la Fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, contra el exmandatario y sus exministros.

La denuncia responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.

El informe fue sustentado ante el pleno del Congreso por el congresista Diego Bazán, del partido derechista Avanza País, así como por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones.

Castillo cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva dictada tras su intento fallido de realizar un “autogolpe”, que llevó al Congreso a destituirlo el 7 de diciembre pasado por "permanente incapacidad moral" y designar en su reemplazo por sucesión constitucional a su vicepresidenta, Dina Boluarte.