La Fiscalía General de Brasil informó este viernes que pidió a la Corte Suprema incluir al ex mandatario Jair Bolsonaro en las investigaciones por los ataques a las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero.

El despacho consideró que Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos desde fines de diciembre, debe ser incluido en la investigación “que busca esclarecer instigación y autoría intelectual de los actos antidemocráticos que resultaron en episodios de vandalismo y violencia en Brasilia”, señala un comunicado de la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con el texto, el ex mandatario, que fue derrotado en las urnas por Luiz Inácio Lula da Silva, “realizó incitación pública a la práctica de un crimen” al subir a sus redes sociales un video cuestionando el resultado electoral de octubre.

El video fue publicado el 10 de enero, dos días después de los ataques en la capital, y eliminado el 11 de enero, detalló la Fiscalía. Pese a que el contenido fue divulgado dos días después de la asonada, el subprocurador general, Carlos Frederico Santos, dijo que la conducta de Bolsonaro debe ser igualmente investigada.

“No se niega la existencia de conexión probatoria entre los hechos contenidos en esta petición y el objetivo de la investigación, más amplia en extensión. Por tal motivo, se justifica la investigación global de los hechos practicados antes y después del 8 de enero de 2023 por el acusado”, alegó Santos, citado en el comunicado.

Por otro lado, el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, afirmó este viernes en una rueda de prensa que hubo una “planificación” de esos ataques perpetrados por miles de manifestantes.

Dino dijo que la planificación de los ataques quedó demostrada por el documento incautado por la Policía en la casa del ex ministro de Justicia Anderson Torres el pasado martes. Ese documento se trata del borrador de decreto que habría permitido a Bolsonaro intervenir la Justicia electoral con el objetivo de revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por Lula da Silva.

“El documento configura un elemento fundamental para la comprensión de la causa-efecto. Es un nexo de la relación de los eventos que se inauguran el 30 de octubre y van hasta el 8 de enero. Muestra que no son casos aislados; había una planificación”, dijo. Y agregó que la autoría del decreto no está clara y todavía tiene que ser investigada.

El borrador de decreto preveía la declaración del Estado de defensa (un Estado de excepción) para intervenir el Tribunal Superior Electoral y llevar a cabo una “corrección del proceso electoral presidencial”, según afirma el primer artículo del documento, filtrado por el diario Folha de São Paulo. Este texto fue decomisado el pasado martes durante un registro de la Policía Federal en la casa en Brasilia de Torres, sobre quien pesa una orden de arresto por su supuesta responsabilidad en los asaltos a los palacios del pasado domingo.

Cerca de 1.800 personas fueron arrestadas por los ataques, que causaron cuantiosos daños en el interior del palacio presidencial de Planalto, en el Congreso Nacional y en la sede de la Corte Suprema. Antes de esos graves asaltos, bolsonaristas bloquearon carreteras, asaltaron una comisaría de Brasilia a mediados de diciembre y, días después, colocaron un artefacto explosivo cerca del aeropuerto de la capital, que fue desactivado por la Policía.

De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General, la fiscalía le ha solicitado hasta ahora a la Corte Suprema siete investigaciones por los ataques y actos de violencia de los seguidores más radicales de Bolsonaro. Estas investigaciones se dividen entre las que intentan identificar los ejecutores, los financiadores, los autores intelectuales y los instigadores de los asaltos, así como a las autoridades públicas que fueron conniventes.

En tales solicitudes, la Fiscalía acusa a los involucrados de los crímenes de terrorismo, asociación para delinquir, abolición violenta del Estado democrático del derecho, golpe de Estado, amenaza y persecución.

Bolsonaro es investigado en otros cuatro procesos penales abiertos por el Tribunal Supremo, pero todos ellos están en la fase inicial y no se han presentado cargos contra el ex mandatario.