La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se reunió con una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), liderada por el primer vicepresidente de la organización, Stuardo Ralón, para conocer la situación actual de los Derechos Humanos en el marco de las protestas.

"En el encuentro, la mandataria ratificó el apoyo del Gobierno a la CIDH para el cumplimiento de su labor, referida al esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos en el país, y reafirmó su compromiso de seguir promoviendo el diálogo y la paz social", informó el organismo a través de las redes sociales.

En la reunión, llevada a cabo en el Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes la ministra de Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello.

Más tarde, la CIDH informó que, tras su encuentro con Dina Boluarte, la delegación se reunió con víctimas, familiares y con organizaciones sociales en Ica. Los miembros de la CIDH también visitarán Lima y Ayacucho hasta el próximo 13 de enero.

Esta reunión se produce después de que Amnistía Internacional instó a las autoridades de Perú a cesar "de inmediato" el "uso excesivo de la fuerza" contra los civiles que siguen manifestándose contra el Gobierno después de que hayan perdido la vida ya más de 40 personas durante las protestas.

Se agudizan las protestas

Con el sur del país en ebullición, el gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, se encontraba este miércoles bajo presión mientras continuaban las marchas en su contra y se elevaban las voces exigiendo que rinda cuentas por las denuncias sobre la actuación de la policía.

Las protestas continuaron en las empobrecidas regiones del sur, tras retornar con fuerza desde principios de mes con marchas, bloqueos de rutas e incidentes. En total ya son unos 40 los muertos en el marco de las protestas desde comienzos de diciembre, 18 solo el lunes pasado.

Los manifestantes habían lanzado una primera oleada de marchas tras la caída del presidente izquierdista Pedro castillo, que fue detenido luego del fallido autogolpe del 7 de diciembre. Entre las exigencias de los manifestantes se encuentran el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y el cambio de la Constitución.

El epicentro de las protestas es la región aymara de Puno, fronteriza con Bolivia. Las muertes en los choques con la policía exacerbaron la indignación en las ciudades de Puno y Juliaca, a unos 1300 kilómetros de Lima, cuyos habitantes realizan una huelga desde hace una semana y mantienen los comercios cerrados.

Deudos y pobladores recorrieron este miércoles las calles de Juliaca con ataúdes de los 17 civiles muertos por los enfrentamientos del lunes entre la policía y los manifestantes, donde también murió un oficial.