El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció su decisión de cerrar el Congreso de la República e instaurar un “gobierno de excepción”. La autoridad dio el anuncio a pocas horas del debate de la moción de vacancia en su contra y en medio de graves acusaciones en su contra.

“Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley”, afirmó Castillo.

“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, acotó.

Castillo además decretó el toque de queda a nivel nacional a partir de hoy, miércoles 7 de diciembre, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente (hora peruana). También declaró en reorganización el sistema de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional.

Además, dijo que todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en plazo de 72 horas. “Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el decreto ley”, exclamó.

“La Policía Nacional del Perú con el auxilio de las FF.AA. dedicarán todos sus esfuerzos al combate efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico. Cuyo efecto se les dotará de recursos necesarios”, afirmó.

Finalmente, Castillo Castillo dijo que comunicará a la OEA la decisión tomada y se “respetará escrupulosamente el modelo económico”.

Este miércoles se tenía programado llevar a cabo la audiencia de moción de censura en el Congreso de Perú. Castillo debía responder la acusación que le hace el Legislativo de tener "permanente incapacidad moral" para gobernar, por tercera vez desde que asumió el cargo en julio de 2021.

La Fiscalía peruana investiga al mandatario en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que Castillo usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. El presidente ha negado las acusaciones.