La Cámara de Diputados de Chile aprobó la madrugada de este martes la realización de un juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera, luego de que la investigación periodística Pandora Papers revelara que estuvo vinculado con la multimillonaria venta de un proyecto minero en un paraíso fiscal, en las Islas Vírgenes Británicas.

En jornada de deliberaciones que se extendió casi 22 horas, los legisladores aprobaron con 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones que la acusación constitucional pase al Senado.

La Cámara Alta votará la acusación unos días antes de que Chile celebre el próximo 21 de noviembre sus elecciones para elegir al Presidente, los integrantes del Congreso y consejeros regionales.

El diputado Jaime Naranjo (Partido Socialista) presentó el texto de la acusación constitucional y sus fundamentos, en exposición que se prolongó por espacio de 15 horas.

Subrayó que se acusa al mandatario chileno por “haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes”, haber fallado al "principio de probidad" y “haber comprometido gravemente el honor de la Nación”.

"Espero que esta sala apruebe la acusación constitucional, sino (...) Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país", enfatizó Naranjo.

Por su parte, la defensa del mandatario, el abogado Jorge Gálvez, instó a rechazar el texto acusatorio por considerarlo improcedente y valorar que se trata de un golpe a la institucionalidad y una maniobra político-electoral.

Para su aprobación, el pedido de destitución contra Piñera requería alcanzar al menos 77 votos en la Cámara de Diputados. En el caso del Senado, serán necesarios dos tercios de los sufragios para avanzar en el proceso contra el mandatario.

De acuerdo con medios de prensa, por el momento el jefe de Estado queda inhabilitado para salir del país, a la espera de lo que resuelva el pleno de los senadores.

Si el Senado aprueba el pedido de destitución, Sebastián Piñera tendría que dejar la Presidencia cuatro meses antes de finalizar su mandato. Si finalmente se produce la vacancia presidencial, la línea sucesoria continúa con el ministro de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, quien pasaría a ser el nuevo jefe de Estado.