Quinientas organizaciones sociales de Colombia denunciaron la situación de derechos humanos en este país en un informe que expone la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y los desplazamientos masivos y que será presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Entre 2013 y 2016, unas 700.00 personas han sido desplazadas en las diferentes regiones del país; el hacinamiento carcelario en 2017 se ubicó en un 50,1% (…) y en 2016 las mujeres representaron el 86,21% de los casos de violencia por parte de su pareja", dijo la portavoz Luz Stella Aponte, abogada delegada de Colombia ante la ONU.

El informe, a ser presentado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a todos los Estados miembros, indica asimismo que "entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017 hubo 38 indígenas, líderes y lideresas asesinados, 122 indígenas desplazados, 827 en confinamiento y 3.800 indígenas desplazados".

El informe, dado a conocer a la prensa por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), presenta una evaluación independiente de la situación de derechos humanos colombiana, que será analizada el 10 de mayo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, junto al reporte del Estado.

El informe da cuenta asimismo de 11.644 violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario entre 2014 y 2016 y sostiene que "el 62,7% de los pueblos indígenas se encuentran en riesgo de extinción, de estos 35 en inminente riesgo".

Respecto del acuerdo de paz entre el Gobierno y la disuelta guerrilla de las FARC, el reporte señala que aún no hay garantías para la reintegración a la vida civil de los excombatientes, ya que desde la firma del armisticio (en noviembre de 2016) hasta septiembre de 2017, un total de 32 exguerrilleros fueron asesinados.

Por último, el informe destaca la preocupación por la persistencia de los grupos paramilitares de extrema derecha, pese al compromiso asumido por el Estado en el acuerdo de paz de desarticular a estas milicias ilegales.

En la actualidad hay 13 de estos grupos que actúan en 344 municipios de 31 departamentos, denominadas por el Gobierno como bandas criminales y grupos residuales.

Según las organizaciones sociales que elaboraron el reporte, los paramilitares son responsables de por lo menos 174 amenazas a líderes sociales entre 2013 y 2017, periodo en el que además fueron asesinados 276 activistas y dirigentes de base.