El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) confirmó a Oxígeno que junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentó una denuncia contra el Gobierno de Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el decreto que promulgó el presidente Mauricio Macri que modifica la Ley de Migraciones de Argentina.

Estas organizaciones que defienden los Derechos Humanos, solicitaron a la CIDH, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que “considere convocar en su próximo período de sesiones una audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes en la Argentina”, dice la Denuncia de incumplimiento. Febrero 2017.pdf a la que accedió Oxígeno.

Según la justificación de la denuncia, el Estado argentino suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa en 2003, homologado por la propia CIDH en 2011, a raíz de la denuncia presentada por el CELS en 1999 por el caso del uruguayo De la Torre, que en 1996 fue expulsado con un procedimiento sumarísimo, tenía antecedentes penales y llevaba 22 años viviendo en Argentina.

El Estado argentino se comprometió en 2003 ante la CIDH a modificar la Ley de Migraciones, lo hizo en 2011, incluyó en la normativa lo acordado. La modificación que promulgó Macri fue hecha de manera inconsulta con las organizaciones de DDHH en Argentina.

Según la denuncia, el decreto de Macri restringe el ingreso y acelera la deportación de extranjeros con condenas de prisión o con antecedentes penales.  Además amplía las causas que permiten la detención y expulsión de extranjeros y autoriza a revisar todas las residencias otorgadas a quienes arrastren antecedentes penales o hayan sido condenados, "sin importar el tipo de delito o su situación procesal", explica la denuncia.

El CELS y el CEJIL son dos entidades que tienen estatus consultivo ante la OEA, y denuncian que el decreto amplia y endurece el control de la población migrante que se había intensificado durante el 2016.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, quien presidió la comisión de autoridades que viajó a Buenos Aires para conocer el alcance del decreto migratorio para los bolivianos residentes en Argentina afirmó que la gestión realizada fue "positiva" y "oportuna", porque se demostró la preocupación del presidente Evo Morales por sus migrantes y se dejó en alerta a las autoridades diplomáticas del país. Según la comisión no hay nada de que preocuparse.