La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Hamilton Hernández Vásquez en Guatemala, e insta a las autoridades guatemaltecas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

El 6 de noviembre el cuerpo del periodista Hamilton Hernández Vásquez y el de su esposa Ermelina Gónzalez fueron encontrados sin vida por las autoridades en la carretera entre los municipios de Coatepeque y Flores Costa Cuca en el departamento de Quetzaltenanago, Guatemala. El periodista era presentador del programa Punto Rojo de Canal 5 un canal de cable local; los hechos habrían ocurrido después de que Hernández fuera a cubrir un evento la noche del 5 de noviembre y posteriormente se encontraría con su esposa. De acuerdo a la información disponible ni la familia del periodista ni sus compañeros tenían conocimiento de amenazas en su contra.

El Estado informó a la Relatoría Especial que las autoridades abrieron investigaciones en este caso, pero aún no se conoce si el crimen tiene una conexión con el trabajo que desempeñaba Hamilton Hernández como periodista. La Relatoría Especial ha recibido información sobre el asesinato de otros siete periodistas en Guatemala en lo corrido del 2016, el Estado también informo que en dichos casos se está investigando si estos asesinatos tenían relación con el trabajo que las víctimas desarrollaban como periodistas y comunicadores sociales.

Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado guatemalteco investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad guatemalteca, esclarezca sus móviles, y determine judicialmente la relación que pudieran tener con su actividad como comunicadores. En este sentido, es fundamental que las autoridades investiguen estos hechos sin descartar la hipótesis del vínculo con la actividad periodística y la libertad de expresión.

Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solamente podrá evitarse, de acuerdo con la Comisión, "mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno".

La Relatoría insta al Estado de Guatemala a seguir trabajando en el establecimiento de un mecanismo especial de protección de periodistas que le permita enfrentar la situación estructural y grave de violencia contra los periodistas y trabajadores de medios que vive el país. En este sentido, reitera la conveniencia de contar con el acompañamiento internacional en el diseño y funcionamiento del mecanismo, y la necesidad de garantizar la plena participación de los periodistas y la sociedad civil en este proceso.