Los senadores aceptaron el informe de la Comisión Especial que aconseja que Rousseff sea juzgada por presuntas irregularidades fiscales porque firmó decretos de créditos suplementarios sin la autorización del Congreso Nacional y utilizó a los bancos públicos para esconder los números rojos de las arcas públicas.

Ahora Rousseff tendrá que ir al juicio final, el 25 o 26 de agosto. Si el senado decide que es culpable será apartada definitivamente del cargo, para eso se necesitan dos tercios, es decir 54 votos a favor de los 81 senadores. Si no se alcanza este número, Rousseff retomaría a su cargo y Temer volvería a ser vicepresidente.

El 4 de agosto las organizaciones que integran el Frente Brasil Popular, emitieron un comunicado en el que denuncian que "esto no es un golpe de estado contra un presidente legítimamente elegido solamente, es también contra los millones de votos que se van a revocar, en contra de la Constitución".