El Gobierno reconoció este lunes que existe una lentitud en el envío del paquete de leyes estructurales y lo atribuyó a los conflictos sociales y la revisión técnica de las normas.
Por un lado, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que las leyes “están listas” y serán enviadas al Legislativo de forma gradual y aseguró que serán socializadas antes de su tratamiento.
Este martes, el expresidente Jorge Tuto Quiroga criticó la lentitud del Gobierno para la aprobación de estas leyes y advirtió que sin una reforma constitucional no tendrán el efecto deseado.
“Pidan permiso a la dirigencia de la COB, ante la que claudicaron después de 50 días por segunda vez, y publiquen esos anuncios de una buena vez. Bolivia votó para cambiar; no para tilinear frívolamente con cuate-cracia nepotista. Leyes son necesarias, pero sin reforma parcial de CPE serán insuficientes; Gobierno debe escoger entre su pacto con Argollo, o la reforma constitucional” (sic), señaló.
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El Vocero presidencial, en conferencia de prensa, se refirió a las críticas y aseveró que la lentitud del Gobierno se justifica en el sentido de que tuvo que priorizar la “defensa de la democracia”
“A la crítica de que vamos lentos y no hemos presentado las leyes, la verdad es que tienen razón, pero no necesariamente es porque nosotros no hayamos hecho el trabajo oportuno. Fueron casi 2 meses de paralización y donde la agenda era distinta, era cuestión de salvar la democracia y de evitar muertes”, señaló.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que el paquete de leyes estructurales orientadas al desarrollo del país debe seguir un procedimiento antes de ser enviadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Las leyes están listas, pero tienen que pasar este proceso institucional, la única que hemos considerado en Conapes (Consejo de Política Económica y Social) hasta ahora es la Ley de Electricidad, vamos a hacer lo mismo con la Ley de Energías Alternativas, con la Ley de Hidrocarburos, con la Ley de Inversiones y así sucesivamente”, afirmó en contacto con la prensa este martes.
La autoridad explicó que todos los proyectos o anteproyectos de ley deben pasar por el Conapes, por el análisis jurídico y técnico en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) y recién se remiten al Gabinete.
Lupo indicó que el retraso en el envío de estas normativas obedece a los más de 50 días de bloqueos, pero aclaró que es una prioridad para el Ejecutivo, por lo que se está trabajando en ello.
“Nosotros vamos a darle toda la consistencia técnica y jurídica a cada una de las leyes y después hay un proceso que es más complejo, que es la consistencia política y esta se la realiza ya con la Asamblea en el proceso de socialización de las mismas”, señaló.
El fin de semana, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció que enviará un paquete de leyes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), una vez que logró reunirse con “todos los diferentes grupos de parlamentarios”.
“Nos hemos reunido con todos los diferentes grupos parlamentarios, vamos a empezar a enviar las normas, se van a reflejar en obras, industria, empleo y desarrollo”, aseveró.
Señaló que con las leyes Bolivia volverá a ser un país gasífero, pero no dependerá exclusivamente del gas, sino de “nuestras propias energías” y, sobre todo “de las que ha dado Diosito, que es el sol”.
Una nueva Ley de Electricidad, la Ley de Inversiones, la Ley de Minería, la Ley de Economía Verde y la Ley del Emprendedor Boliviano son algunas de las iniciativas legales que el Gobierno tiene proyectado implementar.