El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, reprochó la expulsión de la misión argentina- conformada por políticos y activistas- que pretendían entrar a La Paz para verificar una presunta violación de los derechos humanos de los sectores movilizados hace más de 45 días en exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
A través de un video publicado en las cuentas de la Vicepresidencia en las redes sociales, Lara afirmó que lo sucedido es un hecho que “no podemos normalizar” y denunció que la misión argentina “de Derechos Humanos” fue retenida, hostigada y expulsada por decisión conjunta de Migración, la Policía y Cancillería,
“¿A qué le temen?, ¿qué es lo que no quieren que el mundo vea? Cuando un Gobierno cierra las puertas a la observación internacional no defiende la soberanía, oculta la realidad”, señaló.
Lara aseveró que el accionar del Gobierno “no es propio de una democracia” y “se parece peligrosamente a prácticas de dictadura”.
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“Se parece al estilo de Nicolás Maduro (expresidente de Venezuela) donde se bloquea toda verificación independiente. Un estado que impide observar es un estado que está fallando”, afirmó.
Para el Vicepresidente, con la expulsión de la misión argentina “han vulnerado los derechos de todos los bolivianos a que se conozca la verdad en el país.
“Exigimos explicación, exigimos transparencia a los Derechos Humanos. Bolivia no es dictadura y no vamos a permitir que la conviertan en una”, sentenció.
La misión de políticos y activistas argentinos buscaban estar en Bolivia con la excusa de verificar una supuesta violación de derechos humanos en el marco de los bloqueos y protestas que se alargan por 47 días exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Según se conoce, integraron la misión el diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria) y las legisladoras de Ciudad de Buenos Vanina Biasi e Ingrid Urrutia (ambas del Frente de Izquierda); Matías Gayol (Partido Piquetero), Soledad Mosquera (Asociación de Docente/Izquierda Socialista) y María José Cano (Central de Trabajadores de Argentina Autónoma).
También la conforman Alejandrina Barry (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Ailén Beraldo (Pan y Rosas Argentina / Asociación de Docentes), Emmanuel Cuello (Partido comunista de Argentina), Martín Illanez, (Coordinadora Argentina de Derechos Humanos) y Andre Reile (Liga por los Derechos Humanos)
Los otros miembros son Facundo Nahuel, Matías Bohl, César Villca Tupa, María Pomacusi, Leonardo Arias y Maria del Rosario Hasperue.
Al respecto, el Gobierno boliviano emitió un comunicado en el que informó que las decisiones adoptadas por las autoridades migratorias respecto al ingreso de ciudadanos extranjeros al territorio nacional “fueron asumidas en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado”.
“Bolivia reafirma su compromiso con el respeto de los derechos humanos, el derecho internacional, la cooperación entre los pueblos y las relaciones de amistad con todos los Estados, en el marco del respeto mutuo, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos”, reza el comunicado.
Asimismo, informó que durante los controles realizados por las autoridades competentes, se verificó el incumplimiento de requisitos exigidos para la admisión y permanencia en territorio nacional, así como “inconsistencias entre las condiciones declaradas para su ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”.
De acuerdo al comunicado oficial brindado por el Ministerio de Gobierno, las medidas adoptadas responden exclusivamente a criterios legales y administrativos, sin consideración de opiniones políticas, nacionalidad, afiliación ideológica o cualquier otra condición personal que pudiesen declarar los ciudadanos involucrados.
“El Estado recuerda que toda persona extranjera que pretenda ingresar al país debe cumplir las disposiciones establecidas por la legislación y acreditar las condiciones requeridas para su permanencia. Asimismo, las invitaciones emitidas por autoridades, legisladores o instituciones nacionales no sustituyen ni eximen el cumplimiento de los requisitos migratorios establecidos por el ordenamiento jurídico boliviano”, señala el documento.