El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, lamentó “profundamente” la decisión de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental que rechazó los recursos que buscaban mantener suspendido el proyecto Domo Oso-X3 y dio vía libre a la continuidad de la exploración de Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en San Telmo Norte, en Tarija.
Lara afirmó que conoce el argumento del Tribunal de que el punto de perforación está fuera de los límites de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, pero sostuvo que se trata de un ecosistema, de sus ríos, de sus fuentes de agua y de un territorio ambientalmente conectado “que no entiende de líneas trazadas en un mapa”.
El vicepresidente señaló que el propio Tribunal ordenó monitorear permanentemente la calidad del agua de los ríos Chiquiacá y Soledad, la biodiversidad, el ruido, las emisiones y los riesgos hidrológicos. Se preguntó, entonces, por qué serían necesarias esas medidas si no existiera un riesgo ambiental.
Lara contó que estuvo en Tariquía, donde vio la riqueza de la reserva y observó trabajos vinculados al proyecto. Explicó que abrir caminos, realizar trabajos topográficos y desarrollar infraestructura en una zona de enorme riqueza natural implica intervenir el suelo, afectar la vegetación, alterar el entorno y poner en riesgo cursos de agua.
Aclaró que no está en contra de que Bolivia explore y aproveche sus recursos naturales, y que el país necesita gas, inversión y recuperar sus reservas y reconoció el potencial de entre 2 y 4 trillones de pies cúbicos (TCF) que se atribuye a Domo Oso-X3; sin embargo, advirtió que el desarrollo “no puede significar destruir aquello que después será imposible recuperar”.
Consulta previa y promesas
El pronunciamiento plantea otras preguntas: qué pasó con el derecho a la consulta previa y dónde queda el espíritu del Convenio de Escazú, que Bolivia asumió como compromiso para garantizar participación, información y justicia en materia ambiental. Según Lara, no puede ser que primero avance el proyecto y después se pretenda convertir la participación de las comunidades en una simple socialización.
Aseguró que la justicia tiene que estar del lado de la Constitución, del pueblo y de las futuras generaciones, y que nunca puede existir la percepción de que se inclina hacia quien tiene más poder o más recursos. Añadió que lamenta aún más la situación porque el presidente Rodrigo Paz, cuando buscaba el voto, asumió compromisos de defensa de Tariquía, y que corresponde preguntarse qué queda de ellas.
En ese contexto, Lara pidió al Gobierno, a las autoridades ambientales, a Petrobras y a YPFB que demuestren que es posible producir gas sin destruir la naturaleza. También convocó al pueblo tarijeño a defender Tariquía por encima de cualquier interés político o partidario.
“Bolivia no tiene que elegir entre desarrollo y naturaleza. Tenemos que demostrar que podemos”, concluye el documento.
Antecedentes del fallo
La decisión se originó en una acción ambiental precautoria promovida por la Defensoría del Pueblo en enero de 2026 contra entidades del Estado, YPFB y Petrobras Bolivia. La resolución, emitida el 13 de noviembre y notificada el 17 de noviembre, ratificó que el lugar previsto para la perforación está fuera de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía y confirmó la decisión del juez agroambiental de Entre Ríos, que había rechazado la solicitud de suspensión. El fallo permite continuar los trabajos, pero dispone un monitoreo ambiental reforzado del agua de los ríos Chiquiacá y Soledad, la biodiversidad, el ruido y las emisiones atmosféricas.
El proyecto, operado por Petrobras, contempla una inversión aproximada de 80 millones de dólares. Su potencial se estima entre 2 y 4 TCF de gas natural, un volumen relevante frente a las reservas probadas del país, que cayeron a 2,30 TCF, su nivel más bajo en dos décadas. Tras el fallo, comunidades campesinas, defensores ambientales y representantes cívicos de Tarija anunciaron movilizaciones, y el Comité Cívico ratificó su consigna “Tariquía no se toca”.