El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, cuestionó este lunes que Fernando Cerimedo, el argentino exasesor del presidente Rodrigo Paz, no esté incluido en la lista de personas vetadas por el Gobierno de Estados Unidos y prohibidas de entrar a ese territorio.
En conferencia de prensa, Lara presentó un nuevo audio en el que supuestamente se escucha a Cerimedo hablar con el excomandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y el como “armar una trampa” en contra de funcionarios que irían en contra de los intereses del exasesor presidencial.
Lara afirmó que el audio demuestra la injerencia de Cerimedo en el trabajo de la FELCN y “cómo armaban los casos para sacar del camino a personas que eran una amenaza para ellos” y también revela que había una “disputa del poder”.
En ese sentido, el Vicepresidente se refirió a la lista publicada por el Gobierno de Estados Unidos de funcionarios y exfuncionarios bolivianos cuyas visas quedan restringidas, y en consecuencia se les prohíbe entrar a ese país, y cuestionó que no esté incluido el nombre de Fernando Cerimedo.
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“¿Por qué no le revocan la visa a Cerimedo si estaba en el Escudo de las Américas junto a autoridades de Estados Unidos?, ¿por qué no se habla de Cerimedo?, es raro, rarísimo”, aseveró.
Además, afirmó que ninguna persona puede ser condenada solo por aparecer en una lista y sin ninguna información adicional.
No obstante, afirmó que a solicitud formal de los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Roberto Castro y Diego Ávila, respectivamente, convocó a una sesión de la Asamblea legislativa Plurinacional (ALP) para considerar la información existente de parte de Estados Unidos sobre su lista de “vetados” y, de considerarse necesario, conformar una comisión de investigación parlamentaria contra las personas implicadas.
La sesión está convocada parta el lunes 5 de octubre y Lara explicó que se definió esa fecha ya que se solicitó información a la Embajada de Estados Unidos, a la Fiscalía, la Policía y otras instituciones sobre el caso de cada una de las personas incluidas en la lista estadounidense.
Según la Vicepresidencia, el tratamiento tendrá una finalidad informativa y de fiscalización, con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la independencia de los órganos del Estado y la autonomía del Ministerio Público. La convocatoria también precisa que una medida migratoria adoptada por otro país no constituye, por sí sola, una determinación de responsabilidad penal en Bolivia.
El Gobierno de Donald Trump informó este lunes que ha revocado las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, incluyendo al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.
Entre los señalados figuran el fiscal general boliviano Roger Mariaca y más de otros 20 autoridades y exautoridades nacionales, 12 de los cuales fueron identificados como titulares actuales de visa y nueve a quienes se les negará la visa si la solicitan. También se ven afectados dos colombianos —un magnate empresarial y un legislador—, junto con dos ecuatorianos y un juez peruano.
Según los documentos, a Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años en 2024, se le acusa de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, y también de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo, está trabajando para fortalecer”, dice el comunicado.
Los afectados por la decisión norteamericana son de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, todos países gobernados por líderes que mantienen relaciones amistosas con Trump
El Departamento de Estado anunció las revocaciones este lunes y dijo que forman parte del compromiso de Estados Unidos de defender la gobernabilidad democrática en el hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico.
“Esta política restringe las visas para ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, reza el comunicado difundido este lunes.
Los nombres difundidos por el Departamento de Estado son los siguientes:
- Martin Daniel Irusta Flores, fiscal superior. Fue abogado defensor del expresidente Juan Evo Morales y de los exministros Juan Ramón Quintana y Nemesia Achacollo. Tambièn fue candidato a diputado en las últimas elecciones por Alianza Popular,
- Albania Chane Caballero Saavedra, primera jueza investigadora Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Dio luz verde para que el exjuez Hebert Zeballos, implicado en el caos ‘maletas’, sea beneficiado con detención domiciliaria en un proceso de legitimación de ganancias ilícitas.
- Alberto Zeballos Flores, actual fiscal titular de Santa Cruz. Anteriormente fue fiscal de Materia en la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (Fepdc).
- Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción Penal en el Departamento de Santa Cruz. También firmó el mandamiento de libertad del exjuez Hebert Zeballos, implicado en el caso ‘maletas’.
- Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional durante la gestión de Luis Arce (2020-2024).
- Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, actual fiscal Superior y exfiscal departamental de Chuquisaca, Bolivia. Hombre cercano al actual fiscal general Roger Mariaca.
- Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional. Acusado de emitir resoluciones contrarias a la norma y responder a intereses gubernamentales de la era Luis Arce, cuestionamientos que él ha rechazado. Suspendió temporalmente la atribución constitucional de la Asamblea Legislativa para censurar a los ministros de Estado.
- Alberto Samuel Soto de la Via, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional durante el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, siendo uno de los perfiles cuestionados dentro del caso ‘maletas’. Dejó formalmente la Aduana el pasado mes de agosto.
- Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente de la Corte Suprema. Investigado en el caso ‘Consorcio’, por lo presuntos delitos de tráfico de influencias y consorcio de jueces, fiscales y abogados.
- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia. Fue encargado de controlar la detención preventiva de Misael Nallar por el triple asesinato de policías en Porongo.
- Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana. También fue director general d la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) e Inspector General interino hasta hace pocos días, estuvo 23 días en este último cargo.
- José Luis Iriarte Cussi, empresario privado. Ligado al sector energético, especificamente en la distribución de combustibles.