La Audiencia Nacional española ha avalado que la investigación abierta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero también incluya el pago de 200.000 euros que éste cobró del grupo empresarial peruano Gloria por intermediar, presuntamente, con las autoridades de Bolivia, por una indemnización pendiente de pago.
La sección tercera de lo Penal ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE este martes, en el que desestima el recurso de la defensa del también exlíder socialista, en el que pedía excluir del procedimiento un informe policial que apuntaba al pago de esa cantidad.
En dicho informe, del pasado junio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional implicó a Zapatero en una dinámica para «tratar de mediar o influir» a favor del grupo empresarial peruano Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia, y apuntó a una presunta «remuneración» de 200.000 euros.
Los magistrados rechazan que estos hechos no tengan conexión con el objeto del procedimiento pues, de las comunicaciones de los dispositivos intervenidos en el registro a la oficina de Zapatero, del pasado mes de mayo, «surgieron los nuevos datos que apuntaban a un posible delito de tráfico de influencias ante las autoridades de Bolivia a favor del grupo peruano Gloria».
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Soboce admitió que contrato a Zapatero
En julio pasado, la gerente nacional legal de Soboce, Ximena Riveros, afirmó que el Grupo Gloria contrató al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para que sea un intermediario ante el Gobierno del exmandatario boliviano Luis Arce, pero con el fin de viabilizar reuniones para que el Estado pague a esa empresa su deuda por “expropiación” de sus acciones y no para influir en el litigio judicial con Fancesa.
Entrevistada por Radio Fides, Riveros señaló que “Zapatero fue contratado como un consultor internacional para que nos dé asesoramiento en comunicación y relaciones institucionales”, afirmó.
Aseveró que Soboce, y el Grupo Gloria, buscó que Zapatero “sea un canal de comunicación con el Estado, un intermediario para lograr cobrar esa expropiación”.
“La idea era que nos escuchen y acepten reunirse con nosotros”, aseveró.
En ese sentido, rechazó que se haya contratado a Zapatero “para influir en un proceso judicial”.
“Reconocemos la diferencia de los poderes del estado”, señaló y enfatizó que no se buscó “ninguna influencia en procesos judiciales”.
Finalmente, señaló que se pagó 200 mil euros al expresidente español y su trabajo sirvió como “un puente para lograr algunas reuniones” con las autoridades del anterior Gobierno.
El fallo del TSJ
El pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia declaró infundado el recurso de casación presentado por la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) en el proceso por competencia desleal y dejó firme la sentencia que ordena el pago de Bs 744 millones a Fancesa. Luis Edson Ayllón, gobernador de Chuquisaca, anunció que se iniciará acciones legales para ejecutar el cobro.
De esa forma se ratificó la decisión de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca que hace dos años determinó que la cementera paceña de propiedad del Grupo Gloria del Perú, pague la millonaria cantidad por una demanda iniciada por la factoría chuquisaqueña, dentro de un proceso por competencia desleal.
El nuevo fallo fue dictado el 26 de junio de 2026 en cumplimiento de la Resolución Constitucional 136/2025, emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los vocales José Rodolfo Sáenz Paz y René Delgado, que dejó sin efecto el anterior Auto Supremo 059/2025 y ordenó al máximo tribunal emitir una nueva resolución con mayor fundamentación sobre los agravios expuestos por Soboce.
En la nueva resolución, el TSJ concluye que ninguno de los agravios planteados por Soboce resultó evidente, por lo que mantiene firme la sentencia que dispone el pago de Bs 744.315.432 por los daños ocasionados a Fancesa como consecuencia de actos de competencia desleal.
Entre otros aspectos, sostiene que la excepción de prescripción fue presentada de manera extemporánea, que no existieron errores que justifiquen anular el proceso y que los cuestionamientos a la valoración de la prueba pericial carecen de sustento suficiente. Asimismo, considera legítima la participación de las instituciones copropietarias de Fancesa dentro del proceso.