La Fiscalía imputó al exministro de Defensa, Edmundo Novillo, por tres delitos y solicita su detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.
El requerimiento está dirigido a la jueza tercera de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz, según publicó El Deber. La denuncia, según el documento, fue realizada por el Ministerio de Defensa e incluye al viceministro de Transparencia, Yamil García, como parte querellante.
Así, la Fiscalía imputó al exministro de Defensa por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
De la misma manera, el Ministerio Público pide al Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) la anotación preventiva de los vehículos registrados a nombre de Novillo. También prevé requerir información a la ASFI, entidades bancarias, Derechos Reales, Tránsito, Impuestos Nacionales y el registro de comercio para examinar antecedentes patrimoniales y financieros.
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Novillo quedó aprehendido el jueves tras haberse presentado a declarar por la denuncia del Gobierno por presuntas irregularidades en el proyecto del “Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo” (Sidacta).
“Soy inocente, he presentado todos los descargos”, señaló Novillo, quien fue Ministro en la gestión de Edmundo Novillo, tras su aprehensión.
La denuncia fue presentada por el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y la Procuraduría General del Estado. Entre los procesados también están los exministros Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, del Gobierno de Evo Morales; y Fernando López, de la gestión transitoria de Jeanine Añez.
Defiende su inocencia
A través de sus cuentas en las redes sociales, Novillo defendió su inocencia y rechazó los cargos por los que se le imputan.
“Ratifico de manera categórica mi inocencia respecto a los hechos que se me imputan. Considero injusta mi aprehensión, toda vez que acudí voluntariamente al llamado de la justicia, ocasión en la que presenté mis pruebas de descargo con el respaldo documental correspondiente”, señaló.
Asimismo, afirmó que mostró su disposición a colaborar con las autoridades y someterse mandato de la ley.
“Reitero que mi actuación se ha guiado siempre priorizando los intereses de nuestro Estado, actuando con transparencia y compromiso ciudadano. Ratifico mi predisposición permanente a comparecer ante la justicia y a someterme a lo que la ley disponga, confiando en que se valorarán objetivamente los elementos probatorios aportados y se restablecerá la verdad de los hechos”, acotó.
La denuncia
Al momento de presentar su denuncia, el pasado 15 de octubre, el ministro Justiniano detalló que en este caso se habría producido un daño económico de 1.748 millones de dólares. La demanda, que también alcanza a exfuncionarios públicos, militares y empresarios, es por los delitos de Contratos Lesivos al Estado; Incumplimiento de contratos; Incumplimiento de Deberes; y Conducta Antieconómica.
El actual Ministro detalló que en el proyecto Sidacta, el 2016, se firmó un contrato por más de 191 millones de Euros para la adquisición de 13 radares civiles y militares, centro de control, comunicaciones, software, capacitación y transferencia tecnológica.
Señaló que el contrato establecía que es un proyecto “llave en mano”, es decir, que el Estado debía recibir “un sistema completo funcional y puesto en operación”, con un plazo de entrega de 31 meses.
Empero, afirmó que los ministros señalados firmaron 7 contratos modificatorios – Ferreira 2, Zavaleta 2, López 1 y Novillo 2-, mismos que modificaron los plazos, las garantías, obligaciones y mecanismos de recepción.
Así, señaló que el plazo de entrega de amplió de 31 meses a 81 y finalmente fueron entregados en los 98 meses.
Además, aseveró que la auditoría realizada halló observaciones en la contratación, modificaciones contractuales, procesos de recepción y resultados operativos del sistema.
Detalló que de los 13 radares, solo 2 operaban sin observación; 9 operaban con observaciones y 2 no están operando.