A través de un comunicado conjunto, la Defensoría del Pueblo y otro centenar de instituciones llamaron al Gobierno y a los sectores movilizados a “instalar un proceso de diálogo estructurado, constructivo, respetuoso y eficaz” y ante la “grave afectación del derecho a la vida, la integridad física y la seguridad de los bolivianos y las bolivianas”, así como por la escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno, en algunas de las principales ciudades del país.
En el texto, el centenar de instituciones alertan que la falta del diálogo y la prolongación de los conflictos pueden traer “consecuencias incalculables para la sociedad”.
“Convocamos de manera inmediata y urgente, a las organizaciones sociales movilizadas, autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a los actores políticos, a instalar un proceso de diálogo estructurado, constructivo, respetuoso y eficaz, el mismo que debe sustentarse en la escucha activa, la comunicación libre de estigmatización y el reconocimiento mutuo. El diálogo debe ser un espacio seguro e inclusivo, donde todas las voces puedan expresarse sin temor a presiones, represalias ni discriminación, garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos y el respeto a la diversidad de opiniones. La ausencia de concertación puede traer consecuencias incalculables para la sociedad, por lo que se requiere la suma de todos los esfuerzos y voluntades para hacerlo realidad”, señala el comunicado.
En ese sentido, informó que fruto del diálogo se debe definir una hoja de ruta clara y una estrategia con enfoque estructural, “orientado a responder a las demandas legítimas de la sociedad sobre su participación en las decisiones del Estado, priorizando el bienestar de toda la sociedad”.
Advertisement:
“El diálogo debe asegurar mecanismos permanentes de participación inclusiva y plural de la sociedad en la gestión pública, fortalecer la institucionalidad democrática, y definir formas sostenibles de gestión de la conflictividad. Asimismo, debe garantizar que las soluciones propuestas no sean paliativas ni coyunturales, sino sostenibles y de largo plazo, a fin de garantizar una gobernabilidad efectiva”, señala.
Asimismo, el comunicado exhorta a respetar el trabajo de la prensa y a las instituciones que cumplen un rol de mediación y defensa de derechos humanos.
“Recordamos que el Órgano Ejecutivo tiene la responsabilidad indelegable de garantizar la seguridad y vida de todos los sectores de la población, así como el libre tránsito y acceso a insumos esenciales. Exhortamos también a las organizaciones sociales movilizadas a no poner en riesgo la integridad física de sus afiliados y ejercer su derecho a la protesta en el marco de los estándares internacionales de no violencia, respeto a la vida e integridad física de las personas, evitando en todo momento la vulneración de derechos de terceros”, complementa el texto.
Y añade: “La confrontación y la violencia, fracturan el tejido social y profundizan la conflictividad. El camino debe ser el diálogo plural, inclusivo y colaborativo”.
Entre las 125 organizaciones firmantes destacan la Alianza Libres Sin Violencia Oruro, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Asociación Mujeres Unidas, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC), entre muchas otras.
Bolivia afronta 25 días de bloqueos de carreteras y movilizaciones que llevan adelante la Central Obrera Boliviana (COB), los campesinos de La Paz y, desde hace algunos días, los seguidores de Evo Morales exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los bloqueos han generado un desabastecimiento de combustible, medicamentos y alimentos principalmente en el departamento de La Paz, con más fuerza en la Sede de gobierno y El Alto.