El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos informó que ya se habilitó un registro para conocer la situación de las familias afectadas por feminicidio y, especialmente, de las niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad.
La información permitirá identificar sus necesidades, fortalecer el seguimiento y coordinar acciones institucionales para garantizar la protección de sus derechos.
“Contar con esta información permitirá fortalecer el seguimiento, la protección de derechos y la articulación institucional de las acciones que correspondan, a partir de las necesidades identificadas por las propias familias”, señala el comunicado emitido por esta entidad estatal a cargo de la viceministra Jéssica Echeverría.
La información recopilada será utilizada con fines institucionales y bajo criterios de respeto y confidencialidad. El registro permitirá conocer las condiciones de las familias y orientar respuestas oportunas, aclaró el Ministerio de la Presidencia.
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La iniciativa se enmarca en la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos contra la Vida, que establece medidas de atención integral y protección social.
Entre sus disposiciones, el artículo 15 determina la creación de un registro oficial de beneficiarios mediante el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes, además de mecanismos de coordinación con los gobiernos autónomos departamentales para el seguimiento y la actualización de los datos.
La norma también contempla un bono económico mensual no inferior al 20% del salario mínimo nacional, un subsidio alimenticio para las y los beneficiarios menores de cinco años, garantías de acceso y permanencia en el sistema educativo, atención médica gratuita, protección de los bienes sucesorios y acompañamiento terapéutico mediante equipos multidisciplinarios.
Con este registro, el viceministerio, dependiente del Ministerio de la Presidencia, busca fortalecer el seguimiento a la situación de las familias y la articulación de las instituciones responsables, para que las medidas previstas en la Ley 1680 respondan a las necesidades de quienes quedaron en situación de orfandad por estos delitos.