El gerente general de la Gestora Pública, Vladimir Fernández, aseguró este miércoles que los fondos de pensiones no se verán afectados por el fallo a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), al ser independientes y estar protegidos por la normativa vigente.
“Ningún boliviano verá afectados sus ahorros previsionales por este fallo”, enfatizó.
El martes se conoció que el Tribunal Supremo de los Países Bajos desestimó la última apelación del Estado boliviano en contra del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por el cual debe pagar una indemnización de aproximadamente $us 105 millones en favor de BBVA, por haber vulnerado estándares internacionales, como el trato justo y equitativo y la prohibición de medidas arbitrarias, luego de la nacionalización de la administración de los fondos de pensiones. El arbitraje tiene origen formal en el año 2017, según datos del Ministerio de Economía.
El Gobierno nacional evalúa las vías para hallar una solución al fallo en contra del Estado boliviano que no afecte a la economía del país, informó este miércoles, por su parte, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Horacio Valencia.
“Este es el resultado de la herencia de las malas decisiones que se tomaron en las gestiones pasadas, cuando llevaron adelante el proceso de nacionalización y la decisión de no llevar adecuadamente el proceso y no respetar la seguridad jurídica”, señaló.
El caso
El Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazó la solicitud de Bolivia para anular el pago de la indemnización a favor de la administradora de fondos de pensiones española BBVA y, en consecuencia, deberá cancelar 105 millones de dólares, según reporte de El Español.
El conflicto de BBVA con Bolivia por las pensiones surgió cuando el Gobierno de Evo Morales nacionalizó en 2010 la administración privada del sistema, incluida la filial de BBVA (Previsión BBVA AFP), y luego, según la denuncia de la administradora española, el traspaso a la Gestora Pública se retrasó y se ejecutó de forma inapropiada.
BBVA administraba pensiones en Bolivia desde 1997 a través de Previsión BBVA AFP. El Estado Plurinacional decidió nacionalizar ese servicio y crear una entidad pública para asumirlo. BBVA sostuvo que la transición fue caótica, con retrasos y que las medidas adoptadas le perjudicaron.
Por tanto, el banco vasco llevó el caso al arbitraje internacional en 2018 alegando irregularidades, incertidumbre jurídica y trato arbitrario durante la transición, y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) terminó dando la razón al banco y en 2022 ordenó a Bolivia pagar una indemnización de 105 millones de dólares.
Bolivia acudió al Tribunal de La Haya y demandó la nulidad del laudo, pero en 2024 el organismo resolvió a favor de BBVA rechazando todos los argumentos presentados por el país.
Sin embargo, meses más tarde, Bolivia elevó el caso y presentó un recurso de casación al Tribunal Supremo de los Países Bajos.
El portal El Español aseguró que el tribunal neerlandés también rechazó la solicitud de nulidad del laudo, lo que ratifica que Bolivia deberá pagar la indemnización.