La Paz, 27 de abril (Oxígeno).- La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó su rechazo a las amenazas de juicio, por supuesto racismo, contra la periodista de Radio Erbol, Amalia Pando, y reiteró que se comete abuso de poder al emplear una legislación creada para otros objetivos como mecanismo para generar un clima de temor y autocensura entre los medios informativos y periodistas.

La semana pasada, la periodista entrevistó a un jefe militar que denunció el uso de armas que se hallaban en custodia del Ejército para inculpar a un presunto grupo terrorista, y en medio de su relato citó las palabras de un testigo que aludió a la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, con un adjetivo.

El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, anunció un juicio contra Pando por no haber interrumpido la entrevista y evitar la alusión a la parlamentaria de la bancada oficialista.

Tanto Montaño como el impulsor de la Ley Contra el Racismo, el ex diputado Jorge Medina, declararon disconformidad con el proceso legal y coincidieron en señalar que el adjetivo no fue expresado por la periodista.

La ANP recordó que la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación sirve actualmente para procesar a los periódicos El Diario y Página Siete, y a la Agencia de Noticias Fides (ANF) por supuesta “difusión e incitación al racismo o la discriminación”, según el memorial presentado por el jefe de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Juan Marcelo Zurita.

La denuncia fue enviada al Ministerio Público el 21 de agosto de 2012, bajo el argumento de que los medios procesados tergiversaron las palabras del presidente Evo Morales cuando pronunció un discurso que hacía referencia a las condiciones de productividad de la tierra de acuerdo a condiciones climatológicas en oriente y occidente.

“…A la condición de personas del oriente de manera despectiva se agrega el adjetivo calificativo flojo; aprovechándose además de forma dolosa para promover racismo y/o discriminación a fin de generar un enfrentamiento entre dos regiones de nuestro país (occidente y oriente) con la clara intención de dividir a nuestro país Bolivia”, expresaba el memorial.

Los directores de los medios procesados, José Gramunt de ANF; Antonio Carrasco Guzmán y Jorge Carrasco Guzmán de El Diario; y Raúl Peñaranda de Página Siete prestaron declaraciones y reclamaron la aplicación de la Ley de Imprenta en lugar de la norma de lucha contra el racismo.

Desde 2012, la fiscalía no emitió ninguna resolución respecto a la demanda del Ministerio de la Presidencia.