La Paz, 18 de marzo (Oxígeno).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, denunció este miércoles que existe una clara intención de afectar la independencia y autonomía de la Defensoría del Pueblo con la decisión la Fiscal de Materia de Tupiza, Victoria Fuertes, de ordenar la detención de la Representante Departamental de la Defensoría del Pueblo en Potosí, Jackeline Alarcón.

“La pretensión de procesar, perseguir o enjuiciar a las o los Representantes de la institución como efecto del cumplimiento de sus deberes, implica un grave peligro para la propia institucionalidad democrática ya que de permitirse, dejaría en total indefensión a quienes investigan y denuncian hechos de vulneración de derechos y abre la posibilidad que funcionarios descubiertos y denunciados por las investigaciones de la Defensoría del Pueblo, puedan ejercer persecuciones y amedrentamientos en represalia y valiéndose del cargo o la posición de poder o mal utilizando los instrumentos legales que interpretan a su arbitrio y voluntad”, señaló el Defensor.

Villena calificó de arbitraria e ilegal la decisión de Fuertes de emitir una orden de aprehensión contra la Representante y afirmó que responden a un afán de venganza personal contra la Representante defensorial , quien hace cinco meses inició una investigación por denuncias de acoso laboral en el Ministerio Público de Potosí, trabajo que derivó en que la Defensoría del Pueblo emitiera una Resolución que recomendaba al Fiscal General el inicio de investigaciones y procesos disciplinarios en contra de la Fiscal Fuertes y otros servidores públicos involucrados, por ejercer maltratos, violencia sicológica y acoso laboral dentro de la Fiscalía potosina. Este caso llevó a la suspensión del Fiscal Departamental de ese distrito y al traslado de Fuertes a Tupiza.

De acuerdo con  la explicación de Villena, la mencionada representante del Ministerio Público, valiéndose de su cargo,  utiliza la denuncia presentada por la  Concejala del Municipio de Vitichi, Leonarda Quispe Flores, por acoso político en contra de terceros, en la que incluye  a la Representante defensorial y emite en su contra una imputación, a todas luces ilegal y luego un mandato de detención, alegando la supuesta comisión de delitos.

“La doctora Alarcón, en uso de sus facultades y atendiendo una instrucción de mi Autoridad, intervino en este caso, primero evitando que la Concejala Quispe fuera objeto de violencia y presiones para renunciar; denunciando este hecho  al Tribunal Departamental Electoral y; remitiendo un informe sobre el caso al propio Ministerio Público, lo que finalmente generó que se evitara la vulneración de los derechos de la señalada Concejala”, manifestó el Defensor.

Villena  además observó y manifestó su preocupación por el silencio y la aparente benevolencia que apaña esta acción el Fiscal General del Estado que, quien pese a haber sido informado oportunamente mediante memorial que alerta sobre esta irregularidad, no ha tomado ninguna acción para impedir que se consume esta acción violatoria de derechos, permitiendo de esta manera que el seudo proceso continúe en la más completa impunidad.

Antes ese extremo, Villena demandó de la Asamblea Legislativa Plurinacional que, como la máxima instancia de fiscalización en el Estado intervenga para que se evite este nefasto propósito que de materializarse, pondría en entredicho la decisión de las autoridades de cumplir y hacer cumplir lo que manda la Constitución y la Ley”.