La definición de una nueva tarifa del transporte urbano en La Paz ingresó en una etapa decisiva y podría concretarse esta semana, con el objetivo de brindar certidumbre a la población y evitar decisiones improvisadas, informó el director de Regulación y Ordenamiento de la Movilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), Luis Oliden.

Oliden explicó que el municipio encara este proceso sustentado en un estudio técnico de costos elaborado junto a la Secretaría Municipal de Planificación y con el apoyo de un experto externo para la correcta aplicación de fórmulas tarifarias.

“La norma establece que cada dos años debe revisarse la tarifa y nosotros ya hicimos una nivelación en febrero, después de casi nueve años. Sin embargo, la misma normativa prevé ajustes cuando existen cambios sustanciales en los costos operativos”, precisó.

Uno de esos cambios, explicó, es el impacto directo del incremento en el precio de los carburantes tras la promulgación del Decreto Supremo 5503, que elevó el costo de la gasolina a Bs 6,96. Según Oliden, el gasto en combustibles representa entre el 25% y el 30% del costo operativo del transporte, dependiendo del tipo de vehículo, pero no es el único factor que se toma en cuenta.

“Sería irresponsable analizar solo el precio del combustible. También debemos considerar el encarecimiento de repuestos importados, lubricantes, llantas y, especialmente, los costos logísticos”, señaló.

En ese sentido, detalló que los fletes internacionales desde puertos como Arica o Iquique hacia La Paz se triplicaron en los últimos meses, pasando de un promedio de 10.000 u 11.000 bolivianos a montos que, según reportes preliminares de los transportistas, alcanzan hasta 30.000 bolivianos.

A ello se suma el incremento del salario mínimo nacional, que obliga a revisar los ingresos de los choferes y la mano de obra calificada, como la de los mecánicos, dentro de la estructura de costos del sector.

Oliden enfatizó que el objetivo municipal no es favorecer a los transportistas, sino evitar decisiones discrecionales y abusos como los registrados recientemente. Recordó que, pese a haberse emitido alrededor de 500 memorándums de infracción y sanciones económicas a sindicatos, estas medidas no compensan el perjuicio directo que sufre el vecino cuando paga de más por un pasaje.

“Lo que necesitamos es una tarifa técnica, transparente y sostenible en el tiempo”, afirmó, asegurando que los resultados del estudio serán publicados íntegramente en los canales oficiales del GAMLP, tal como se hizo en febrero, para garantizar el acceso público a la información.

Respecto a las demandas ciudadanas sobre el mal servicio —como el trameaje, el estado de los vehículos o el incumplimiento de compromisos—, Oliden señaló que ya se avanzó en la instalación de sistemas de control como el GPS en el centro de monitoreo y que la actual gestión es la que más sanciones ha impuesto a sindicatos de transporte.

Finalmente, reconoció que el problema del transporte urbano es complejo y requiere corresponsabilidad.

“Hay una mayor responsabilidad del transportista, sin duda, pero también como usuarios debemos cambiar hábitos. El orden del sistema depende de todos”, concluyó, al tiempo de reiterar que cualquier decisión sobre la tarifa buscará equilibrar el costo real del servicio con la capacidad de pago de la ciudadanía.