El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió la acción del Estado para que la marraqueta se mantenga en un “precio accesible” para la población, sobre todo, los sectores más vulnerables.

Tras confirmarse el fin de la subvención de harina, el sector panificador, en su mayoría, subió el precio de la unidad de pan de 50 a 80 centavos en La Paz y El Alto.

“Tiene que haber una acción estatal desde las alcaldías hasta las instancias de control gubernamental del nivel central. Hay que darle certidumbre a la población y cuidar que no se impacte negativamente en los bolsillos en la economía de la población boliviana”, manifestó Callisaya, según reporte de Erbol.

Recordó que tanto la Alcaldía como el nivel central tienen una facultad de control respecto a este tema.

“Hay que acelerar esta situación para que la población tenga un referente de control”, manifestó.

Ayer, el Gobierno, a través del viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, aseguró que tras terminarse la subvención de la harina ya no hay un precio oficial determinado para el pan.

“No podemos hablar de un precio oficial determinado de un convenio que se rompió”, aseveró.

Serrano señaló que la subvención era lo que determinaba el precio unitario del pan, pero también permitía actividades ilícitas y que haya “mafias de corrupción” que están siendo investigadas por la Fiscalía.

Ayer, precisamente, fue aprehendido Rubén Ríos, principal dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), presuntamente vinculado a hechos de corrupción en los procesos de subvención de harina de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Ríos es acusado por los delitos de contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.