Fiscalía admite demanda penal contra concejales de La Paz por la Ley de Congelamiento de Tarifas
La directora de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Amparo Morales, confirmó la admisión de la denuncia y explicó que el proceso judicial ya se encuentra en su fase inicial de investigación.

El Ministerio Público admitió una denuncia penal presentada por la Alcaldía de La Paz contra los concejales municipales del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la aprobación de la ley que pretende congelar las tarifas del transporte público en la ciudad.
La directora de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Amparo Morales, confirmó la admisión de la denuncia y explicó que el proceso judicial ya se encuentra en su fase inicial de investigación.
“Como es de conocimiento, nosotros como Gobierno Municipal de La Paz hemos presentado denuncias penales contra los concejales que han aprobado la Ley de Congelamiento de las Tarifas y las mismas han sido admitidas por el Ministerio Público”, señaló Morales.
Según explicó, la denuncia incluye los presuntos delitos de usurpación de funciones y de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. En ese sentido, la autoridad advirtió a los concejales que cualquier acto adicional relacionado con la ley en cuestión podría agravar su situación legal.
“El caso está en etapa de investigación y cualquier acción futura que vayan a asumir debe ser cuidadosamente evaluada, ya que los concejales están formalmente bajo investigación. De promulgarse esta ley, estarían incurriendo nuevamente en usurpación de funciones y otros actos ilegales que como Ejecutivo no vamos a permitir que sucedan”, agregó.
La polémica normativa fue aprobada por el Concejo Municipal con el argumento de proteger a la ciudadanía ante el incremento de las tarifas del transporte. Sin embargo, el Ejecutivo municipal sostiene que la competencia sobre la fijación de tarifas no recae en el Concejo y que la ley vulnera normas legales vigentes.
Entretanto, la presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla, anunció que este jueves promulgará la norma que es rechazada por los choferes.