En un fallo histórico, el Tribunal Agroambiental resolvió este miércoles que los órganos del Estado deben aplicar “medidas cautelares urgentes” para garantizar la protección oportuna de los jaguares en Bolivia y su hábitat.

La Sala Plena de ese tribunal decidió que el Gobierno, a través de tres ministerios, “implemente de forma inmediata y coordine una política de tolerancia cero al tráfico ilegal de la vida silvestre, especialmente de colmillos, cráneos y pelo del jaguar panthera onca en todos los aeropuertos del país (...) y en las fronteras involucradas”, leyó el secretario del tribunal, Alberto Hidetoshi.

La resolución implica también que la Asamblea Legislativa elabore una ley para crear un fondo económico que sirva para implementar políticas de protección del jaguar.

Además, el Tribunal ordena al Ministerio de Medio Ambiente la recategorización urgente del jaguar como especie en peligro o peligro crítico, la implementación de una política de “cero tolerancia” al tráfico de fauna silvestre, y el diseño de planes de conservación en coordinación con gobiernos autónomos y representantes indígenas.

Por otra parte, la Sala Plena definió que autoridades de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, autoridades judiciales y otras instancias tomen medidas “urgentes y en un plazo de 10 días hábiles” para “prevenir ataques, amenazas, intimidaciones que pudieran sufrir ”los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y sus familias”.

Finalmente, la resolución, sustentada en el Acuerdo de Escazú y el Decreto Supremo 5225, instruye a las entidades estatales —incluidas la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)— la adopción de políticas integrales de protección, destacando la declaración de una pausa ecológica en las quemas, hasta nueva evaluación técnica supervisada por el mismo Tribunal.

Al respecto, el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Christian Méndez, señaló que en la resolución se hace conocer recomendaciones, exhortaciones y órdenes para que se cumplan en los diferentes niveles del Estado.

“Se recomienda, se exhorta y se ordena en algunos casos la realización de determinadas acciones, y el incumplimiento a una resolución judicial conlleva cierto tipo de sanciones, sin embargo, se les ha aclarado que una vez notificados con la resolución hasta el 30 de abril, las partes tienen la posibilidad de pedir la complementación, aclaración y la modificación que en derecho corresponda con la debida justificación y motivación”, manifestó Méndez.