La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió la acción popular presentada por la vicepresidenta del Concejo Municipal de La Paz, Roxana Pérez del Castillo, en defensa de la población afectada por el incremento de pasajes en el transporte público y las deficiencias estructurales del servicio.

La Acción Popular fue interpuesta el pasado 15 de abril y busca la elaboración de un estudio técnico; la audiencia fue fijada para el miércoles 23 de abril a las 16:00, donde el alcalde Iván Arias deberá presentarse.

“La concejal exige que se garantice un servicio digno, seguro y accesible para toda la ciudadanía”, señala una nota de prensa.

Pérez Del Castillo solicitó al Órgano Judicial que se ordene la elaboración de un nuevo estudio técnico que contemple estándares de calidad, cumplimiento de rutas completas, control del trameaje y la implementación de tarifas diferenciadas en todas las modalidades de transporte.

“La ciudadanía está pagando más por un servicio que no mejora. Es inaceptable que se imponga un tarifazo mientras se incumple la ley y se desprotege a los más vulnerables”, afirmó la concejal.

Además, denunció que el Ejecutivo Municipal no fiscalizó ni controló adecuadamente al sector del transporte desde 2016. Según el estudio técnico elaborado por el propio Gobierno Municipal, los operadores no cumplen con estándares mínimos de calidad, seguridad y comodidad.

“El deber del Ejecutivo edil es ejercer control sobre las paradas, eliminar el trameaje, garantizar el mantenimiento de vías y una planificación eficiente en materia de movilidad. Esta Acción Popular exige precisamente que el alcalde cumpla con estas responsabilidades”, agregó Pérez del Castillo.

La concejal también propuso el uso de tecnología, como GPS, en las unidades para frenar el trameaje, pero aclaró que estos sistemas deben ser financiados por el Gobierno Municipal, sin trasladar el costo a los transportistas.