Una funcionaria de la Alcaldía de Achocalla quedó aprehendida este miércoles por el caso de la mazamorra caída en la zona de Bajo Llojeta, en el municipio de La Paz, el pasado 23 de noviembre.

La mujer se encuentra procesada por el delito de incumplimiento de deberes. En pasadas horas brindó su declaración informativa y ahora se aguarda que en una audiencia cautelar se defina su situación jurídica. 

“Queremos aclarar que esta mañana salió una publicación de una nota de prensa de que estaría aprehendida una funcionaria del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Sin embargo, después de haber verificado como parte afectada, hemos podido constatar que la funcionaria que ha sido aprehendida es del Gobierno Municipal de Achocalla”, aseguró la directora de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Amparo Morales.

En relación con el caso Bajo Llojeta, Morales reiteró que la Alcaldía paceña no emitió autorizaciones a la empresa Kantutani, señalada por los movimientos de tierra que causaron el deslizamiento.

“Tenemos la certeza de que en ningún momento se ha incumplido las funciones que atingen al Gobierno Municipal de La Paz. No hemos emitido ninguna autorización a la empresa Kantutani para ningún tipo de construcción, ni actividad que tengan que ejecutar ellos”, afirmó la directora.

En ese sentido, la autoridad edil detalló que son seis los funcionarios de la Alcaldía de La Paz que son investigados por el caso, incluído el alcalde Iván Arias.

Detalló que este miércoles, el secretario Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma, se presentó ante la Fiscalía para brindar su declaración; sin embargo, la audiencia fue reprogramada debido a inconvenientes con la comisión de fiscales y quedó postergada para el 23 de enero.

“Lamentablemente la comisión de fiscales ha tenido inconvenientes para tomar la declaración y han realizado un acta de postergación para el 23 de enero”, explicó la directora de Asuntos Jurídicos, Amparo Morales. Además, confirmó que Palma se presentó en calidad de sindicado, al igual que otros seis funcionarios municipales señalados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y lesiones graves.

El Ministerio Público amplió la denuncia contra estos funcionarios hace aproximadamente un mes. Según Morales, “todas las personas del Gobierno Municipal de La Paz que están viniendo a presentarse a la Fiscalía están en calidad de denunciados. Hemos respondido con documentación a los requerimientos fiscales, porque somos los más interesados en que se esclarezca este hecho”.

Por su parte, Palma subrayó la disposición de la Alcaldía paceña para colaborar con la investigación. “Nosotros nos hemos presentado como corresponde, con toda la información, con toda la voluntad de que esto se resuelva y se esclarezca porque hay gente que está sufriendo y le está pasando mal debido al colapso de una construcción civil. Lastimosamente se ha postergado la audiencia, pero nosotros vamos a hacernos presente las veces que sea necesaria”, mencionó el secretario en puertas de la Fiscalía.

El deslizamiento en Bajo Llojeta ocurrió el 23 de noviembre por la noche por movimientos de tierra realizados por la empresa Kantutani; 40 viviendas quedaron anegadas de lodo y falleció una niña. “Tenemos todos los respaldos técnicos y administrativos para demostrar que lo que ha ocurrido es el colapso de una obra civil”, afirmó Palma.

Mientras la Fiscalía avanza en la toma de declaraciones, Morales expresó su preocupación sobre el trámite de extradición de uno de los procesados, Luis Iturralde de la empresa Kantutani. “No se tiene conocimiento de que hayan avanzado cuando debería haber sido de manera inmediata”, puntualizó.