La Sala Constitucional Primera concedió la tutela solicitada por la Alcaldía de La Paz en el marco de la Acción Popular interpuesta contra la empresa Kantutani, por el caso de la mazamorra en Bajo Llojeta que dejó a 40 casas bajo el lodo el pasado 23 de noviembre.

La directora Jurídica de la Alcaldía, Amparo Morales, informó que la audiencia tuvo lugar el martes a las 14:00 horas, con la participación de representantes del gobierno municipal y de la empresa involucrada.

Durante la audiencia, se presentaron los argumentos de ambas partes. La Alcaldía solicitó que Kantutani cumpla con el plan de contingencia que presentó tras los sucesos del 23 de noviembre, para llevar a cabo las acciones de reconstrucción y reparación no solo en el área afectada por la mazamorra en Bajo Llojeta, sino también en las zonas aledañas, como la urbanización Santa Cecilia.

Morales aclaró que el deslizamiento no fue un desastre natural, sino un hecho provocado por la intervención humana en la plataforma superior del cementerio de Los Andes. Este incidente ha tenido consecuencias graves, afectando a más de 40 familias damnificadas en la comunidad.

La Sala Constitucional respaldó la posición de la Alcaldía, enfatizando que el gobierno municipal tiene las atribuciones necesarias para implementar las acciones requeridas para la recuperación de la zona afectada.

La Acción Popular, según Morales, busca proteger los derechos colectivos de la sociedad, especialmente en situaciones sensibles que afectan a la comunidad. Con esta decisión, se espera que la empresa Kantutani cumpla con las reparaciones necesarias y se garantice el bienestar de los habitantes afectados por el deslizamiento.