Los funcionarios y exfuncionarios municipales implicados en el registro de predios en el Padrón Municipal de Contribuyentes sin el derecho propietario, serán acusados por la comisión de los delitos de emisión de normas contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y daño económico.

“En un primer momento sería emisión de normas contrarias a la Constitución Política del Estado y después por daño económico, ya sea a los particulares o también al Estado”, afirmó la directora de la Administración Tributaria Municipal, Noemí Lastra, este jueves en una entrevista en Unitel.

Explicó que 138 funcionarios municipales registraron 15.417 predios en el Padrón Municipal de Contribuyentes con solo la presentación del carnet de identidad del ocupante, la certificación de la junta de vecinos sobre la posesión y un plano a mano alzada, como estableció una resolución administrativa emitida en 2012.

Sin embargo, los ocupantes no presentaron el “derecho propietario”, documento que certifica la propiedad del inmueble y que es extendido por la oficina de Derechos Reales. El registro sirvió para que los ocupantes de los predios paguen el impuesto municipal de bienes inmuebles.

“Durante 10 años, es decir, del 2012 al 2021, muchas personas han registrado (predios) para efectos de pago de impuestos de inmuebles, sin tener el derecho propietario”, manifestó la autoridad municipal.

Ante esa irregularidad, la actual gestión del alcalde Iván Arias anuló la resolución y realizó una investigación que fue presentada públicamente el 8 de mayo de 2024. La misma estableció la actuación de un “triángulo perverso de corrupción”, conformado por el funcionario municipal, el ciudadano que pretende apropiarse de un predio indebidamente y la junta de vecinos que otorgaron certificaciones a los ciudadanos que ocuparon terrenos ajenos.

Actualmente, se realiza una auditoría interna que determinará las responsabilidades de cada uno de los funcionarios y ex funcionarios ediles. Seis de los 138 funcionarios que realizaron los registros continúan en funciones en la Alcaldía paceña, a raíz de una determinación del Ministerio de Trabajado que instruyó su reincorporación.

“Ya termina la auditoría a fines de este mes y será el área legal que determine los tipos de responsabilidades que vamos a aplicar contra esos funcionarios y también contra los exfuncionarios”, remarcó Lastra.