El Gobierno de Salta, Argentina, empezó a cobrar por la atención médica que se da a ciudadanos extranjeros y, desde que se asumió esa decisión, se redujo entre un 80 y 90% la afluencia de bolivianos que cruzaban la frontera para aprovechar la gratuidad de los servicios de salud.

Desde mediados de marzo, los nosocomios salteños facturan a los extranjeros: 100 mil pesos argentinos por día para internación; 190 mil por día por sala intermedia; 250 mil por día terapia intensiva; 500 mil por parto y 250 mil por terapia neonatal.

El titular de Salud, Federico Mangione, estimó que desde que se aplicó la medida los 3.000 bolivianos que llegaban antes del arancelamiento se redujeron a 60. Lo mismo pasaría con pacientes chilenos y paraguayos.

El ministro provincial Ricardo Villalda dijo que “ahora es poco común que un boliviano cruce a recibir atención, cuando ya no es gratuita”.

Esa reacción se observa de manera clara en los hospitales de Tartagal y Orán, dos localidades salteñas que limitan con Bolivia. Allí, el Gerente de hospitales de Orán, Fabián Valenzuela, confirmó que sólo durante marzo la concurrencia cayó estrepitosamente. El funcionario aclaró que depende de la época, pero de un promedio de atenciones diarias de entre 20 y 30, en marzo se atendieron sólo 6.

Este fenómeno se repite en los 52 hospitales públicos, de distintos niveles, con los que cuenta la provincia, según corroboraron desde el Ministerio de Salud local.

La decisión de exigir el pago de las atenciones a las personas que no residen en la provincia se oficializó el último día de febrero de 2024. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, explicó que se trata de una medida que apunta a recuperar entre el 5 y el 10% del presupuesto anual que el Estado provincial destina a la salud pública. “La medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño”, había argumentado el mandatario provincial.

La decisión se implementó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 129/2024. Allí se distinguen cuatro categorías de pacientes para establecer el criterio: residentes permanentes, temporarios, transitorios y precarios. En estas dos últimas clasificaciones entran las personas a las que el gobierno local les exige solventar las prestaciones.