Una investigación sobre uniones y matrimonios infantiles forzados realizado por miembros del colectivo Rebeldía, Save The Childern y la Coordinadora de la Mujer evidenció que en la gestión 2021 se registraron 223 partidas de matrimonio y que el 91% corresponde a mujeres menores de 18 años.

La investigadora y activista por los derechos humanos, Teresa Alarcón, explicó que en esta investigación cualitativa se revisó la normativa internacional, nacional y regional acerca de los matrimonios y uniones infantiles forzados, pero que también era necesario conocer la realidad boliviana y los hallazgos fueron estremecedores.

“En esa revisión descubrimos un dato alarmante, el 2021 se registraron 223 partidas de matrimonio y que el 91% corresponde a mujeres menores de 18 años (…) cuando revisamos los datos del Censo 2012 y cruzamos los datos, nos damos cuenta que hay más de 23.770 niñas que dicen nos solo estar en matrimonio sino en unión libre, o estar separada o viuda”, informó la investigadora Teresa Alarcón en entrevista con la ABI.

Explicó que en Bolivia existen una serie de normas y políticas para garantizar los derechos de los niños y las niñas, entre ellas el Código de Familia, que establece la edad mínima de 18 años para un matrimonio, pero las excepciones, dijo, permiten que menores de 16 años se casen con autorización de sus tutores.

“Entre las 223 partidas de matrimonio registradas y las más de 23.000 niñas (entre 15 y 17 años) en unión libre da cuenta que el problema nos solo es la edad mínima para contraer matrimonio, sino que la unión libre no está con los protocolos para regularla y las principales afectadas son las niñas y las adolescentes”, alertó la activista.

Estos resultados muestran dos problemáticas: La excepciones en las normas permiten que las menores continúen contrayendo matrimonio a temprana edad y que no regular la unión libre permite vulneraciones de las leyes vigentes.

“La problemática de los matrimonios infantiles forzados esconde muchas otras violencias, incluye la violencia sexual, esconde servilismo por tanto es importante trabajar en la edad mínima, pero sobre todo en regular las uniones libres o de hecho para evitar que las niñas sigan siendo víctimas”, indicó.

La investigadora Lupe Pérez lamentó que esta problemática sea un “secreto a voces”, que se esté “normalizando” y se vulneren los derechos de las niñas, porque son obligadas a contraer matrimonios sin importar las razones.

“Los embarazos infantiles casi siempre son por violencia sexual, esos embarazos no pueden concluir con un matrimonio, eso es resolver un problema con un atropello (…) El Estado debe profundizar (la protección) mediante las defensorías de la niñez”, señaló Pérez.

Revisión de normas

Ante esta problemática, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, indicó que los matrimonios infantiles y las uniones libres forzadas son un problema que se arrastra hace varios, pero que, pese a las normas, persisten.

Resaltó la investigación y afirmó que en base a los nuevos datos y los datos que se conocieron ya en el 2012 con los resultados del Censo de Población y Vivienda, se trabajará en un reajuste normativo para eliminar los matrimonios o uniones infantiles forzadas.

“Tomando en cuenta estas investigaciones, los datos que ya se conocían desde el Censo del 2012, la priorización que ha señalado el presidente Luis Arce, podemos trabajar y abrimos las puertas del viceministerio de Igualdad de Oportunidades para proyectar o ajustar una reforma normativa que vaya respondiendo a eliminar estas brechas que están permitiendo dar legalidad a estos hechos de violencia y sometimiento”, señaló la viceministra Cruz.

Exhortó a los gobiernos municipales reforzar las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) para garantizar una protección a los niños y adolescentes.