Rechazo
César Sánchez
06/10/2022 - 13:04

La Defensoría rechaza que la UMSA expulse a estudiantes por movilizarse el 2021; ve vulneración al derecho a la educación

Una de las estudiantes afectadas por la decisión es Karen Apaza, quien denunció por anti conducta económica al dirigente universitario Álvaro Quelali, quien cumple detención preventiva en el penal de San Pedro.

El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, rechazó en las últimas horas la decisión de las máximas autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de expulsar a cinco estudiantes que participaron en una movilización en noviembre de 2021. Afirmó que tal determinación vulnera el derecho a la educación.

 “La Defensoría del Pueblo rechaza rotundamente la expulsión de estos cinco estudiantes y agotará todos los mecanismos para la defensa del derecho fundamental a la educación”, afirmó la autoridad.

La Comisión de Procesos Universitarios UMSA - Sala Tercera, emitió la Resolución N° 03/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, con la que sancionó a dos universitarios con la expulsión definitiva y a otras tres universitarias con la suspensión temporal de tres años.

Una de las estudiantes afectadas por la decisión es Karen Apaza, quien denunció por anti conducta económica al dirigente universitario Álvaro Quelali, quien cumple detención preventiva en el penal de San Pedro.

“La institución defensorial considera, “a prima facie”, que la sanción aplicada en el marco de la normativa universitaria es restrictiva y vulnera derechos fundamentales al pretender limitar el ejercicio del derecho a la educación superior a los estudiantes, desmarcándose de los estándares internacionales de legalidad, objetividad y proporcionalidad, señaló la Defensoría al respecto.

Asimismo, la institución defensorial informó que se hará un análisis normativo para establecer  si el sistema jurídico universitario cumple los citados estándares internacionales y si estos se ajustan a los principios de los derechos humanos para, eventualmente, activar la jurisdicción constitucional para exigir el respeto y restitución del derecho a la educación superior.

Finalmente, el Defensor informó que, a través de la Delegación Defensorial de La Paz, ya se inició una investigación e intervendrá para hacer seguimiento a la respuesta que se emita a la impugnación que presentarán las y los estudiantes, conforme establecen los artículos 35 al 39 del Reglamento de Procesos Universitarios, cuya presentación tiene plazo hasta este 6 de octubre.

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