La secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado, informó este jueves que el edificio construido sobre la calle Manco Kapac en el sector de la Vita, y que se incendió el pasado lunes, no podrá acogerse a la Ley 467 de Regularización de Construcciones debido a que fue edificada sobre unas rieles de ferrocarril que son patrimoniales.

“El edificio nunca ha contado con permiso de construcción, el edificio ha sido fiscalizado en 11 oportunidades, las dos últimas fiscalizaciones en la gestión 2021 establecen el pago de multas. Este predio o esta edificación, por encontrarse en un lugar patrimonial, no va a poder nunca acogerse a la Ley 467 de Regularización”, dijo Rocabado entrevistado por la Agencia Municipal de Noticias (AMUN).

La noche del lunes el edificio sufrió daños de consideración en su décimo tercer piso debido a un incendio de proporciones que demandó la intervención inmediata de la Unidad de Bomberos Antofagasta y la Alcaldía de La Paz, a través del Grupo de Atención de Emergencia Municipal (GAEM) y del Grupo Especial de Respuesta Inmediata (GERI).

Fruto de ese hecho, la Alcaldía de La Paz revisó la documentación del inmueble a través de la Subalcaldía Centro. El subalcalde de ese macrodistrito, Jimmy Osorio, detalló que este inmueble tiene 11 procesos de fiscalización, nueve de los cuales corresponden a la anterior gestión edil desde el año 2016 y dos están en proceso de ejecución desde 2021, tanto por no contar con planos arquitectónicos aprobados, sin autorización municipal para construir y porque fue edificado sobre un terreno patrimonial, de la exEmpresa Nacional de Ferrocarriles Bolivia.

“Desde hace años este predio no cuenta con permiso de construcción y se encuentra en un predio patrimonial, por lo tanto nunca se ha emitido un permiso de construcción. La construcción de esta edificación ha sido fiscalizada en 11 oportunidades, que es la responsabilidad de la Subalcaldía, por lo tanto, no corresponde tampoco que ingrese a un proceso de regularización”, explicó Rocabado.

Según un recuento de la Subalcaldía Centro, desde el primer proceso de fiscalización ejecutado en 2016, hasta la fecha, el propietario del edificio debe pagar alrededor de dos millones de bolivianos de multa por incumplir los 11 procesos de fiscalización.