La Defensoría del Pueblo propuso al Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación a llevar adelante una cumbre nacional para abordar el racismo y la discriminación persistentes en el país y cumplir las recomendaciones planteadas en su informe “Crisis de Estado: Violación de los Derechos Humanos en Bolivia, Octubre-Diciembre 2019” y en el informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia.

La propuesta fue planteada en la segunda sesión ordinaria de dicho Comité por el delegado adjunto para la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de la institución defensorial, Daniel Ramírez, quien manifestó que durante los conflictos poselectorales de 2019 se masificaron y normalizaron actos discriminatorios y racistas en el país, desnudando sentimientos de odio e intolerancia de ciertos sectores de la población hacia sectores y personas que viven en el área rural y zonas suburbanas, desatando, además, una estigmatización hacia personas que se identifican y/o tienen rasgos indígena originario campesinos.

“Como se describe en el informe Crisis de Estado, los hechos de discriminación racial se manifestaron en mayor medida por agentes estatales durante las acciones conjuntas de militares y policías, aspecto que evidencia que no basta con incorporar la prohibición y sanción del racismo y discriminación en los reglamentos internos de cada institución estatal”, manifestó Ramírez.

Frente a esta realidad dijo, se plantea que las recomendaciones planteadas por la Defensoría del Pueblo en su informe sean abordadas de forma integral entre todos y que como Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación no puede de dejarse de lado el abordaje de las otras formas de discriminación que aún persiste en la sociedad y se manifiesta en diversos espacios como en el ámbito laboral, educativo, político, salud, entre otros. 

Las recomendaciones defensoriales al Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación pasan por realizar el seguimiento, evaluación y monitoreo de la implementación de políticas públicas y normativa vigente contra el racismo y toda forma de discriminación, relacionado a los hechos registrados durante el conflicto de 2019; y el seguimiento a procesos judiciales, relativos a hechos de racismo y discriminación suscitados en dicho conflicto.

Sobre las recomendaciones del GIEI, Ramírez indicó que este ente recomienda implementar políticas públicas de largo alcance que sean evaluadas y monitoreadas con el objetivo de construir consensos sobre el abordaje de la problemática del racismo; que los líderes políticos y sociales se abstengan de utilizar la problemática del racismo para generar discursos de odio, estigmatización o violencia; que las autoridades políticas y la sociedad boliviana promuevan actitudes y acciones que propicien el rechazo a narrativas de odio racial, religioso y de género, así como imágenes que potencian negativamente la emocionalidad; desarrollar una política educativa que refuerce la capacidad de las y los estudiantes de reconocerse como parte de una sociedad diversa y plural y que rechace discursos de odio, intolerancia, racismo y toda forma de discriminación, ya sea por motivos de género, orientación sexual, religión u otros.