A través de un comunicado, la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) rechazó hoy la posibilidad de que una niña de 11 años, víctima de violación y embarazada de cinco meses, recurra a la práctica del aborto.

Para la CEB, se debe proteger la vida de la niña, pero también la de su hijo en gestación.

“Desde la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana, exhortamos a las autoridades públicas a respetar y proteger el derecho a la vida y a la salud de la niña que ha sido víctima de violación y del bebé que está en gestación. Ambas vidas merecen y deben ser protegidas”, señaló la Iglesia.

Asimismo, la CEB señaló que la Sentencia Constitucional 206/2014 – que avala la Interrupción Legal del Embarazo producto de una violación- “de ninguna manera puede entenderse como una forma de legalización del aborto”.

“El aborto sigue siendo un delito en Bolivia y no existe una interrupción legal del embarazo. Cuidar y proteger la vida es una obligación de todos”, añade el texto de la Iglesia.

En ese sentido, la CEB afirma que tanto los derechos de la niña, como los del bebé que crece en su vientre, deben protegerse, “ya que ambos son inocentes y víctimas de un acto criminal, que tiene una gravísima responsabilidad por la que se debe responder”.

“Siendo que la niña y su mamá deciden continuar con el embarazo resguardando la salud de la niña y del bebé, se deben buscar posibles soluciones, como la adopción, dado que previsiblemente la niña todavía no cuenta con la madurez necesaria para asumir el cuidado y la atención del bebé”, complementa.

“Recordamos que no se puede obligar a nadie a realizar abortos, ni siquiera ante la gravedad de la violencia sexual, porque el aborto en Bolivia es un delito, aún bajo causales de impunidad y no se puede forzar a nadie, ni al personal de salud, a cometer este delito. Reclamamos la necesidad de definir mecanismos que respeten el derecho humano a la objeción de conciencia”, concluye la Iglesia.

La posición del Ministro de Gobierno

Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, reprochó que se busque “obligar” a que la menor dé a luz cuando fue víctima de violación.

“Cuando una niña de 11 años es obligada a dar a luz producto de una violación, le están vulnerando todos sus derechos. Lamentamos que algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo bajo criterios aleccionadores y morales, esto es un acto flagrante de violación a los derechos de esta niña”, afirmó la autoridad.

El Ministro, en ese sentido, fue enfático en señalar que “desde ningún punto de vista obligar a dar a luz a una niña puede ser algo correcto”.