La Paz, 12 de diciembre (Oxígeno).- Al menos 122 mujeres trabajan como guardias o serenas, pero en situación de desprotección laboral y víctimas de violencia laboral, psicológica, física y sexual; sin acceso a salud ni servicios básicos, informó el Defensor del Pueblo, Rolando Villena. 

La Defensoría del Pueblo de Potosí realizó una investigación entre abril y julio de este año, en la que se utilizó la técnica de la encuesta y entrevista que se aplicó a todas las mujeres que laboran en la actividad minera en ese sector y recoger testimonios y datos sobre su situación.

El Defensor del Pueblo  desde La Paz vía Skype,  indicó que “estas mujeres guardias desarrollan su trabajo en un contexto de desconocimiento de sus derechos laborales, resistencia de los empleadores a cumplir la norma, sobreexplotación y discriminación.  Y uno de los factores que muestran lo que llamamos ‘la feminización de la pobreza’, es el hecho que la mitad son jefas de hogar, es decir que cargan sobre sus espaldas el cuidado, manutención y crianza de entre 3 y 5 hijos e hijas”.

Durante la investigación evidenció que más de la mitad de las 122 “serenas”, que están entre los 20 y 70 años, no sepa leer ni escribir; que el 60% sufra violencia laboral y sicológica; que casi el 75% no tenga seguro social; que el 81% no tenga contrato escrito de trabajo; que trabajen 24 horas al día, que perciban ingresos por debajo del mínimo nacional y que ninguna tenga derecho a vacación o descanso pre natal.

Los resultados muestran que 151 personas trabajan como “guardas” en el Cerro Potosí  122 mujeres y 29 varones; 47% de las guardas son jefas de hogar;  5% son adultas mayores. En su mayoría son migrantes del área rural y viven con sus hijos e hijas en el mismo lugar, 153 niños y niñas, 84 adolescentes y 43 infantes, en condiciones inadecuadas, sin acceso a servicios básicos y en riesgo por la contaminación minera.  El 52,50%  no saben leer ni escribir.

Las enfermedades más recurrentes que padecen son las respiratorias y problemas estomacales debido a la carencia de agua potable y la inhalación de polvos de mineral.

Sus derechos laborales son los más vulnerados. La mayoría no sólo no cuenta con un contrato de trabajo; sino que percibe un salario de entre 500 a 700 bolivianos muy por debajo del salario mínimo nacional que asciende a 1.400.

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