El TCP da la razón a la Defensoría y falla contra el colegio Ave María
El TCP ratificó la decisión de un Tribunal de Garantías y vio que esta unidad educativa atentó contra el derecho a la educación de algunos de sus estudiantes.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo en favor de la Defensoría del Pueblo y le concedió la solicitud planteada en la acción de amparo constitucional que interpuso contra el colegio Boliviano Alemán “Ave María”.
La Defensoría interpuso el recurso debido a que la mencionada unidad educativa habría vulnerado el derecho a la educación de un grupo de estudiantes al restringirles el ingreso a las clases y retener sus libertas de calificación “porque sus padres no acataron un incremento ilegal en las pensiones escolares para 2019”.
La decisión del TCP se dio como resultado de la revisión que realizó al dictamen dispuesto por el Tribunal de Garantías de La Paz, que en febrero de este año determinó que existió la vulneración del derecho a la educación de los estudiantes afectados, por lo que ordenó su inmediata inscripción y el acceso irrestricto al establecimiento para que pasen clases.
En la acción de amparo interpuesta en representación de padres de familia de ese establecimiento, la institución defensorial denunció cobros arbitrarios en las pensiones escolares.
Según la denuncia, el colegio impuso un incremento que superaba el 110% cuando el Ministerio de Educación aprobó únicamente un aumento del 4%.
“El Tribunal Constitucional ratifica el fallo de febrero de 2019 y lo amplía al ordenar al colegio “Ave María” a habilitar una cuenta bancaria para que los padres de familia de esta unidad educativa puedan pagar las pensiones escolares en el monto establecido por el Ministerio de Educación o por el contrario, acepte los pagos a través de su oficina administrativa y se inhiba de cometer actos discriminatorios en contra de sus estudiantes”, señala el comunicado de la Defensoría.
En la valoración realizada a los elementos presentados por la Defensoría del Pueblo, el TCP estableció que la Dirección del colegio denunciado generó contratos civiles y notas de coerción para obligar a los padres de familia a pagar las pensiones escolares con un incremento fuera de norma, que además incurrió en actos discriminatorios al entregar distintivos o credenciales a algunos alumnos, para diferenciarlos de aquellos cuyos padres no efectuaron pago alguno por encontrarse en desacuerdo con el incremento arbitrario.