La Defensoría del Pueblo, por medio de un pronunciamiento público, lamentó que se vulneren y menosprecien los derechos de los niños en el caso Zapata a través de las redes sociales y medios de comunicación.

Asimismo condena las acciones y declaraciones de políticos, autoridades y algunos ciudadanos y ciudadanas que a través de la ofensa, el insulto, las especulaciones irresponsables y la agresión pública hacen escarnio de la acusada y pide el respeto a sus derechos.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato de velar por la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos en el país y ante la situación generada en los últimos días, que ha ocasionado nuevamente una inusitada sucesión de declaraciones y actuaciones mediáticas inadecuadas en el ámbito de los derechos humanos, expresa lo siguiente:

PRIMERO: Lamentamos profundamente encontrarnos, una vez más, frente a la evidencia de que los temas en los que se ven involucrados niñas, niños y adolescentes en Bolivia, se traten de manera tan irresponsable, superficial e irrespetuosa, especialmente cuando se encuentran en juego factores de poder e intereses políticos y económicos que menosprecian y vulneran de manera flagrante todos los derechos que dicen reconocerles y no reparan en el daño que pueden causarles, no solamente a ellas y ellos, sino a su entorno socio familiar.

SEGUNDO: Recordamos a los gobernantes, medios de comunicación, abogados y a los ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de las redes sociales, que en Bolivia rigen las leyes y los principios que protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por encima de cualquier interés, estrategia jurídica, instrucción de autoridad pública, cálculo electoral, rating de audiencia o afecto o desafecto político.

Estos principios y normas incluyen la prohibición de utilizar el nombre, imagen o figura de las niñas, niños y adolescentes de manera pública y mucho menos cuando esta acción puede generarles estigmas, discriminación, presión o maltrato.

TERCERO: Exigimos a las autoridades oficiosas y a los medios de comunicación que cesen en la utilización de una temática que sólo incumbe e interesa a la madre y al padre del niño, que debieran ser las únicas personas autorizadas para referirse al estado, lugar de residencia o condiciones de un niño, niña o adolescente cuando así lo estimen conveniente y sin mediar ninguna presión, amenaza o conminatoria interesada.

CUARTO: Deploramos que este caso refleje una vez más conductas que son recurrentes y cotidianas en una sociedad machista, adultista y patriarcal donde la desprotección, el abandono y la instrumentalización de las niñas, niños y adolescentes se han naturalizado de tal manera que no generan ninguna reacción de indignación y son ejercidas en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo las autoridades que debieran mostrar, con el ejemplo, sus declaraciones y compromisos políticos que les ha llevado al poder para servir al pueblo y no para servirse del mismo.

QUINTO: Asimismo, condenamos de manera enfática las acciones y declaraciones de políticos, autoridades y algunos ciudadanos y ciudadanas que a través de la diatriba, el insulto, las especulaciones irresponsables y la agresión pública, hacen escarnio de la acusada en este caso, mostrando una actitud abiertamente patriarcal, misógina y violenta contra una mujer por el hecho de serlo, y vulnerando lo que establece la Ley 348, condenándola sin que haya iniciado siquiera un proceso judicial que debe determinar la responsabilidad en las acusaciones que se le imputan, así como la participación de otras personas en este presunto hecho de corrupción.

Estas actitudes también se han reflejado en las decisiones del Órgano Ejecutivo, respecto a su detención arbitraria y fuera de norma, que ha vulnerado sus derechos y libertades constitucionales con procedimientos impropios a un Estado de derecho.

SEXTO: Demandamos que no se desvirtúe el fondo de este asunto, que no es otro que investigar de manera proba, adecuada y oportuna, las graves denuncias de corrupción que, aunque se han presentado como parte de una campaña proselitista, deben ser investigadas y aclaradas y, de ser evidentes, sancionadas con la mayor drasticidad llegando a todos los niveles que los hubieran cometido, sin ningún tipo de protección ni favoritismo, en apego a la Constitución Política del Estado y normativas vigentes relativos a los intereses del Estado Plurinacional.

SÉPTIMO: Finalmente, exigimos que en esta investigación se respeten los derechos constitucionales de todas las personas involucradas directa o indirectamente, a ser sometidas a un debido proceso, a la presunción de inocencia mientras no se compruebe lo contrario, y al justo juicio, respetando en todas las etapas de la administración de la justicia, sus garantías constitucionales.